Puerto Diablo y Corozal
Vecinos de áreas revertidas exigen transparencia a la ACP
por Olmedo Beluche
Invitados por la compañera Rocío de Carnheiro, presidenta de la Asociación de Vecinos Residentes de Altos de Diablo, el sábado 1 de agosto acudimos al auditorio Ascanio Arosemena, del Colegio de Balboa, a la reunión que esa comunidad tenía con técnicos y directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para que explicaran el impacto sobre su comunidad del proyectado Puerto de Corozal. El asunto preocupa y se evidencia en la asistencia de casi cien personas del área, acompañadas de algunos observadores solidarios invitados, como en nuestro caso.
Lo primero que se evidenció en la reunión es la falta de democracia y consulta con que funciona la ACP, la cual lanza este proyecto de desarrollo económico sin tomar en cuenta a las personas cuyas viviendas se verán afectadas por el proyecto, tal y como ha sucedido en otros lugares, como Barro Blanco, etc., por lo cual las comunidades en todo el país han salido ha exigir sus derechos frente a proyectos hidroeléctricos o mineros con que lucrarán terceros a costa de la gente que vive en la zona.
La primera y reiterada exigencia que hicieron los residentes de Diablo fue que se hicieran públicos los estudios de impacto ambiental del proyectado Puerto de Corozal, los cuales se mantienen bajo secreto absoluto. Secretismo que es contradictorio con la legislación que exige la consulta y participación de la comunidad.
Según explicaron los técnicos de la ACP, el Puerto de Corozal será una mega estructura en la que atracarán buques postpanamax a depositar contenedores para ser transportados por ferrocarril a través del Istmo. Completadas las dos fases tendrán cerca de 2000 metros de “frente de mar”, que en realidad serán frente de cauce del canal, pues su ubicación estará al norte del actual puerto de Balboa, entre el hangar de botes de Diablo y las instalaciones de la ACP de Corozal, frente a la comunidad de Cárdenas.
La principal queja de los residentes de Diablo es que ya han sido afectados por la expansión del puerto de Balboa, el cual incluso les ha robado el acceso a su comunidad, y ahora quedarían emparedados entre los dos megapuertos, con todo lo que ello implica en cuanto a polución, ruido, etc.
Algunos ingenieros y arquitectos presentes señalaron que la ubicación del puerto era inconveniente no solo para las comunidades aledañas, sino para el propio tráfico por el canal, ya que la dársena del puerto de Corozal, es decir, el área donde los buques serán maniobrados para atracarlos, está dentro del cauce del canal, justo donde confluyen el acceso a la esclusa de Miraflores y la entrada a la nueva esclusa ampliada del Pacífico.
Los residentes denunciaron que durante muchos años se promocionó, e incluso se hicieron estudios, para construir este segundo puerto del Pacífico, no en Corozal, sino en Farfán – Palo Seco, que está en el margen occidental del canal, y fuera del cauce. Señalaron además que oscuros intereses han llevado a la ACP a desechar ese proyecto a favor de Corozal.
En los corrillos algunos recordaban que los dueños taiwaneses de la concesión del puerto de Balboa, temiendo la competencia, se opusieron al Puerto en Farfán. Otros, “off ther record”, hablaban de que aparentemente figuras poderosas, como el político y banquero Alberto Vallarino, habían comprado varias de las hectáreas del área de Corozal. Los funcionarios de la ACP despacharon rápidamente el tema alegando que el puerto en Farfán había sido proyectado para construirlo con el material excavado en las nuevas esclusas, y que como se dispuso otro uso al mismo, automáticamente se descartaba esa ubicación.
Lo que resulta claro es que la construcción del puerto en Farfán – Palo Seco, que sería mejor por no ser un área residencial, estar fuera del cauce del canal y no tener ningún proyecto planificado ahí hasta ahora, sí requeriría una mayor inversión, siendo la principal la construcción de una línea férrea, ya sea a través de todo el Istmo hasta el Atlántico, bordeando el cauce occidental del canal, o hasta algún punto donde, a través de un puente confluyera con el ferrocarril que usa ahora el puerto de Balboa.
La construcción del puerto en Corozal se ahorraría esa inversión, pues quedaría junto a la vieja línea férrea, a costa de las comunidades de Diablo y Cárdenas. Inclusive los residentes preguntaron a los representantes de la ACP, por qué estaba dragando junto a la zona donde quedaría el puerto de Corozal, si era para beneficiar a los futuros concesionarios de esas instalaciones.
Por cierto que, otro asunto que gravita en torno a la ACP, es que de acuerdo al título constitucional de 1994, y a ley orgánica, parece que la Junta Directiva puede otorgar en concesión este tipo de proyectos sin pasar por todos los requisitos de licitación y transparencia que se exige al resto del Estado panameño. Lo cual se suma a lo que se ha venido denunciando desde hace años: desaparecido el control norteamericano sobre el canal, se ha creado en sustitución una “zonita del canal” en la que los directivos de la ACP actúan “como si fueran soberanos” y estuvieran al margen del resto del país.
En conclusión, nos parece evidente que la ciudadanía conciente, las organizaciones populares, los grupos ambientalistas, debemos acompañar y apoyar a los residentes de las comunidades de Diablo y Cárdenas en esta lucha, con el mismo ahínco con que hemos apoyado la lucha contra la hidroeléctrica de Barro Blanco, pues se trata de la misma lucha: exigir que las comunidades sean partícipes y verdaderamente consultadas frente a todo proyecto económico que directamente les afecte. En eso consiste la democracia, ¿verdad?
