El gobierno colombiano es el principal responsable de la crisis fronteriza
por Olmedo Beluche
1. La crisis entre Venezuela y Colombia, producida a partir del cierre de la frontera común, especialmente entre los estados de Táchira y Cúcuta, y la deportación de cerca de mil personas por parte del gobierno venezolano, tiene un responsable principal: el gobierno oligárquico de Colombia, en las personas del ex presidente Álvaro Uribe y el presidente Juan M. Santos; al margen de que sea cuestionable el método como el gobierno de Nicolás Maduro procedió a la deportación de centenares de personas acusadas de contrabando.
2. Es incuestionable que Venezuela, como país soberano, puede disponer los medios necesarios para garantizar la seguridad y el orden en su territorio y en sus fronteras, especialmente frente a grupos delictivos y paramilitares extranjeros.
3. El gobierno venezolano ha probado con datos precisos la operación masiva de contrabando de combustibles y alimentos que se hacía en la frontera señalada, así como la actitud hostil del gobierno colombiano al permitir una ventanilla del Banco de la República utilizada para blanqueo de capitales y acciones especulativas contra la moneada venezolana. Por ejemplo: a Colombia entran ilegalmente de Venezuela un millón de galones de gasolina por día, comprados en ese país a 200 bolívares el galón (la más barata del mundo) y revendidos al otro lado a 4 ó 5 mil bolívares. Es un negocio tan grande como el narcotráfico. Otro ejemplo: el desabastecimiento de alimentos en el departamento de Cúcuta a raíz del cierre de la frontera, lo que prueba que el estado colombiano había renunciado a su responsabilidad económica para con sus compatriotas dejando que el aprovisionamiento se resolviera con el contrabando proveniente de Venezuela, cuyo gobierno vende la comida a precios subsidiados a su pueblo.
4. Tanto el Sr. Uribe, como el presidente Santos, pretenden erigirse como supuestos defensores de colombianos humildes expulsados de Venezuela, cuando ellos con su política genocida, sus acciones paramilitares apoyadas por altos mandos del ejército colombiano, su despojo de tierras a humildes campesinos, con sus “falsos positivos”, son los responsables de cerca de 7 millones de desplazados y refugiados dentro y fuera de su territorio.
5. La culpa de la diáspora que ha llevado a millones de colombianos a huir a los países vecinos, como Venezuela o Panamá, y a otros lejanos, es de la burguesía colombiana y sus gobiernos, entre ellos los de Uribe y Santos, que, desde hace 50 años, libra una guerra civil no declarada contra los más pobres hijos de Colombia. Guerra en la que han muerto centenares de miles de civiles inocentes y han sido despojados violentamente de sus tierras millones de campesinos. En la violencia contra el pueblo colombiano han actuado de manera cómplice: gobiernos liberales y conservadores que expresan los intereses de la oligarquía colombiana, los mandos del ejército, los narcotraficantes y los paramilitares. Por eso son importantes las negociaciones de paz en La Habana entre ese gobierno y las FARC.
6. Toda la maniobra de presentar al gobierno de Venezuela como responsable de la crisis fronteriza sólo es posible por la falsificación diaria y constante de los hechos por parte de los grandes medios de comunicación, en particular CNN y NTN, que magnifican el número de los expulsados y no presentan toda la verdad de los hechos.
7. Llama la atención que, en Panamá, los mismos sectores chauvinistas y xenófobos que hace pocos meses tenían una campaña contra la migración colombiana y exigían deportaciones, sean los que ahora se “rasgan las vestiduras” haciéndole coro a Uribe y Santos y denostando contra Venezuela.
8. Evidentemente dicha actividad masiva de contrabando y especulación no podría llevarse a cabo exclusivamente por personas y organizaciones de origen colombiano sin la complicidad activa de empresarios y autoridades venezolanas. Lo que sucede en la frontera colombo-venezolana es apenas una fracción del masivo sabotaje que recibe la economía y el pueblo de Venezuela de su propia burguesía, mediante la que fuga capitales a países como Panamá, que desabastece y acapara alimentos y productos básicos. La situación de fondo no cambiará hasta que se ponga coto y castigue a los saboteadores venezolanos.
9. Si bien es legítimo criticar el procedimiento seguido por las autoridades venezolanas para la deportación de cerca de mil personas vinculadas a actividades ilícitas en la frontera de Táchira, hay que señalar que éstas apenas constituyen una pequeñísima fracción, muy específica, de los cinco millones y medio (5.5 millones) de personas de origen colombiano que viven en Venezuela, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, gracias a la Revolución Bolivariana y al presidente Hugo Chávez, que les facilitó los medios legales para establecerse en ese país. Lo que da cuenta de que no existe como política de estado ninguna persecución chauvinista contra los “colombianos” en Venezuela.
10. Pero es conveniente llamar la atención a las autoridades venezolanas para que analicen mejor los procedimientos y eviten acciones punitivas generalizadas, especialmente frente a gente pobre que hace lo que pueda por sobrevivir, pues algunos medios no ayudan al fin último que se propuso el Libertador Simón Bolívar, la unidad latinoamericana y, por el contrario confunden a quienes simpatizan con el Proceso Bolivariano y fortalecen a genocidas como Uribe y Santos.
Panamá, a los doscientos años de la Carta de Jamaica, 6 de septiembre de 2015.
