Junta de embarre
por Kevin Harrington-Shelton
Al filo de la medianoche los diputados aprobaron ampliar su blindaje. En vez de simplificar los trámites judiciales a todos los panameños, fortalecieron sus fueros y privilegios, legalizandolos al llamarlos “prerrogativas”. Además embarraron a los magistrados de la Corte Suprema y al Presidente, creando todo un “gold-roll” y un “silver-roll” netamente panameño, en materia judicial.
No hubo forma de corroborar si existía el quórum necesario durante el madrugonazo, para que fuera “legal”. Las cámaras enfocaron sólo al orador y si acaso a alguna curúl vecina. Pero al derrotarse una modificación hecha a la medida del ex-presidente Ricardo Martinelli promovida por la HD Ana Matilde Gómez, se cantaron 39 votantes (aunque todos los 71 diputados y 71 suplentes cobraron el día…).
Inició la maratón una bancada oficial, desprestigiada al retirar los HHDD Luís Antonio Quirós y Jorge Rubén Rosas su Informe de Minoría, sin explicación alguna a lo que se habían opuesto tan vehementemente en abril pasado (antes que tranzaran con el Partido Democrático Revolucionario el control de comisiones cruciales a una verdadera separación de poderes, incluyendo la Comisión de Credenciales que supondría controlar al Ejecutivo — porque los ñames no son tan babosos nada.) El gran ausente lo fue el HD José Luís Varela, su cantalante en abril.
Pero no pudo dejar de hablar el padre de la criatura, el HD Adolfo Valderrama. Con cara de pocos amigos, se ocupó mayormente del presunto “error de percepción” ciudadana sobre su viveza inicial, repitiendo que sí se trataba de una Asamblea “transparente, decente e independiente”. Pero no alcanzó explicar cómo Credenciales aún apuñala 60 denuncias contra magistrados y que no se trata de un juego de pitcher a catcher con la Corte. Ni que una denuncia contra Ricardo Martinelli Berrocal no se tramitó durante todo su mandato — aunque como diputado PARLACEN le tocaba la Corte Suprema. Consideró indispensable favorecer con idénticas especialidades al Ejecutivo y al Judicial, para no concentrar la opinión pública sobre en el Legislativo.
Eventualmente tomó la iniciativa el poder real en la Asamblea, el HD Pedro Miguel González. Habiéndose comprobado capaz de tragar un piano sin erutar cuando fue fiscal en el Caso Moncada –donde se condenó a un corrupto, sin mencionar siquiera a su corruptor– anoche enfatizó su afán de prevenir la persecución política, tras capitanear una alianza con Pueblo Primero, que hace precisamente eso, tal como comprueban las constantes telenovelas en nuestros noticieros.
Como suele suceder con nuestros políticos, no se tocó lo esencial. Lo aprobado anoche dificulta una participación ciudadana, obligándola a pagar abogado para denunciar en los 3 Órganos. Tampoco favorece la transparencia. Porque la Constitución manda al Pleno “conocer” (Art. 160) toda denuncia contra presidentes y magistrados, pero esta ley las pasa a escondidas, de Secretaría General directamente a Credenciales, sin pasar siquiera por el Pleno. Así pocos se enteran de qué se esconde en aquella maleta de buhonero más profunda que la de Pedrito Altamiranda, y se pierde el acicate de la opinión pública para aconductar a nuestros gobernantes.
