Barro Blanco, el acuerdo sin acuerdo
por Pilar Chato — Otramérica
La presa para la hidroeléctrica sobre el Tabasará está casi llena y hay un acuerdo firmado, que no todos respaldan y en el que no todos han participado. Pero el agua que llena la vasija y la tinta de las firmas no borran los desacuerdos, aunque si algunos asentamientos y casas. La presa de Barro Blanco viene fraguándose desde el Gobierno de Martín Torrijos, 10 años de enfrentamientos y reclamos que no impidieron la construcción de la gran represa yel inicio de su llenado hace apenas unos días. Reclamos que terminaron en un acuerdo firmado con el Gobierno y parte de las autoridades Ngäbe el 22 de agosto del que no todos se sienten parte. Las divisiones dentro de los propios dirigentes ngäbe y el paso del tiempo que ha alargado y enquistado un problema que no es nuevo en Panamá -la lucha de los pueblos indígenas contra megaproyectos, especialmente hidroeléctricas que invaden sus ríos- mantiene viva la herida y desemboca en nuevas protestas. Protestas que se han recrudecido en las últimas horas debido a enfrentamientos con la policía que han terminado con varios heridos civiles en la población de Gualaquita (Bocas del Toro). Una comunidad que organizaciones como la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) dicen que está “sitiada” por los agentes, que mantienen a los ngäbe confinados, sin electricidad y sin asistencia médica para los heridos. No ha sido la única represión, varios estudiantes de la UP también han sido heridos en Panama capital tras protestar en Transismica contra la hidrolectrica y lo acontencido en Gualaquita.
Que el acuerdo no era el cierre de la herida lo pusieron de manifiesto las protestas y las piedras lanzadas contra el presidente Juan Carlos Varela el día de la firma con la cacica Silvia Carrera, en Llano Tugrí. Que no se trataba unicamente de un ‘grupo radical minoritario’, como dijo el presidente, lo demuestra que las protestas han continuadoy la tensión y la violencia ha provocado heridos entre la población civil.
ACD, que ha pedido la intervención de la Defensoría del Pueblo, asegura que la Policía Nacional no solo ha ocupado la comunidad Ngäbe de Gualaquita, sino que los enfrentamientos con la población civil han terminado con varios heridos graves. La asociación cita a media docena de ellos (Gilma Selles, Eliseo Selles, Felicia Miranda, Felipe Miranda, Elicia López y Martín Abrego) y muestra especial preocupación por Adolfo Miranda, “gravemente herido en su rostro incluyendo la posible pérdida de la vista”. ACD denuncia que “los heridos aún no han recibido ninguna atención médica ya que no se atreven a salir a la carretera por miedo a las decenas de Policías que mantienen sitiada a la comunidad”. En conversación telefónica la dirigente Ofelia Carrizo también alertó a la asociación de que había recibido varias amenazas por parte de miembros de la Policía Nacional. En las redes sociales, Carrizo, dirigente Mama Tada (la religión sincrética y propia de los Ngäbe-Buglé), narró como las unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional trataron de despejar la protesta que mantenían utilizando gas pimienta y balas de goma.
ACD también reporta “actos abusivos por parte de la Policía incluyendo vandalismo de tiendas, decomiso de celulares y el rocío indiscriminado de gas a las viviendas, lo que obligó a que las personas salieran de sus casas y huyeran a los montes”. También informan de la interrupción temporal del suministro de energía eléctrica.
La respuesta del Gobierno ha sido alegar que las fotos de indígenas heridos son viejas, de otros incidentes, si bien Ricardo Miranda, presidente del Concejo Nacional de la Juventud Ngäbe responde en twitter con más fotos y acusando de mentir al ministro de Seguridad Alexis Bethancourt.
La narración de los hechos, los escenarios, las consecuencias, recuerdan mucho a otros enfrentamientos entre población indígena y policía que derivaron en heridos y muertos. ACD recuerda actuaciones similares de la Policía Nacional en Charco La Pava (2008) y San San Durui (2009). Pero en las hemerotecas están también los dos muertos y 800 heridos en Bocas del Toro en 2010 o la represión en San Felix y Llano Tugrí en 2012 que se saldó con dos muertos en las protestas contra las hidroeléctricas y la minería en la comarca Ngäbe. Y a eso se suma la pelea de los naso contra la represa de Empresa Públicas de Medellín en Bonyic o Chan 75 en Bocas del Toro, por servir de ejemplo.
Y mientras el agua sigue llenando el vaso de la represa de Barro Blanco. Ricardo Miranda, advierte de que si no se suspende ese llenado las acciones de protesta y cierres de calles se van a extender de forma indefinida en diferentes puntos del país. Asegura que más de 100 familias están afectadas con inundaciones tras el inicio de llenado de otra de las áreas del embalse y han tenido que abandonar sus hogares. Hoy están en la calle, dice, mientras el 15% que será invertido en obras sociales dentro de la comarca, como establece el acuerdo firmado en agosto, tardará 15 años en hacerse efectivo.
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Mientras se recrudecen la protestas ha comenzado el llenado de la represa. Hasta el momento (1 de septiembre) se han inundado tres casas, el cementerio de la comunidad de Quebrada Caña, los petroglifos y vías de acceso hacia la comunidad cultural de Kiad. A ello se suman los bosques de galería y la principal fuente de agua de esta comunidad. Asociaciones y líderes ngäbe reclaman que se frene el llenado para evitar la inundación de las casa ubicadas en el centro de la comunidad de Kiad.
La Red de Derechos de Panamá ha emitido un comunicado en el que pide que se suspenda el llenado del embalse hasta que se aclare y se atienda a las comunidades directamente afectadas; que el Gobierno atienda los reclamos de los afectados y busque formas de diálogo y que se investigue la acción policial en Gualaquita y la situación de los heridos.
No es la primera vez que esta red alerta de la situación que está generando la represa de Barro Blanco. En junio visitaron las comunidades afectadas y se pronunció sobre los “daños ambientales irreversibles y las graves violaciones a los derechos humanos de que están siendo víctimas las comunidades indígenas y campesinas, cercanas a la hidroeléctrica”
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