En Fuerte Clayton durante la invasión.
Sobre el origen antidemocrático
del régimen panameño actual
por Olmedo Beluche
La invasión en sí misma fue condenada por todos los pueblos del mundo, incluso por gobiernos y organismos sometidos al imperialismo norteamericano, como la OEA, la ONU, etc.
Pese a que el gobierno de Guillermo Endara intentó presentarse desde un principio como el gobierno “electo” por el pueblo panameño el 7 de mayo de 1989, su espúreo origen en la invasión, y su juramentación en una base militar, le restó la legitimidad que reclamaba. En el ámbito latinoamericano el cuestionamiento a la legitimidad del gobierno títere de Endara se manifestó en el mantenimiento de la exclusión de Panamá del Grupo de Río.
De todas las condenas internacionales, quizá la más significativa fue la realizada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Abarca la opinión del organismo más representativo de todos los estados del mundo en lo que respecta estos asuntos.
La resolución fue aprobada por 14 votos a favor, 8 votos en contra (que irónicamente incluyó al gobierno de Panamá, además de otros aliados de Estados Unidos) y 17 abstenciones. En su parte resolutiva sentencia este documento:
- Deplora profundamente la intervención militar extranjera en Panamá, que constituye una flagrante violación del derecho internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial de Panamá;
- Exige el cese inmediato de dicha intervención;
- Exige el pleno respeto y la fiel observancia de la letra y el espíritu de los tratados Torrijos – Carter;
- Exhorta a todos los estados a que apoyen y respeten la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Panamá y el derecho de su pueblo a decidir libre y soberanamente su futuro.
La socialdemocracia internacional jugó un papel de primer orden tratando de evitar la crisis prematura del gobierno títere. En febrero de 1990, Daniel Oduber junto con otros prominentes políticos latinoamericanos (como Raúl Alfonsín) solicitaron a los gobiernos del continente obviar el problema de la ilegitimidad del gobierno panameño producto de la invasión. Tal parece que este pedido surtió su efecto, pues desaparecieron las denuncias que inicialmente se hacían respecto a la legitimidad del gobierno panameño impuesto por la invasión.
En el plano interno, al gobierno panameño le costó superar su estigma. Las movilizaciones populares contra las consecuencias de la política económica y las movilizaciones antimperialistas contra la ocupación norteamericana, que se iniciaron tan temprano como junio de 1990, contribuyeron a cuestionar la permanencia del gobierno títere y su régimen. A tal punto que, Dan Quayle, vicepresidente de George H. Bush, a principios de 1990 llegó a sugerir la realización de elecciones.
El PRD ayudó a la estabilización del gobierno títere cuando modificó su posición inicial de exigir la renuncia de Endara y elecciones anticipadas, para pasar a reconocer a Endara como presidente legítimo.
Desde el 26 de enero de 1990, cuando se formalizó el régimen con un cuestionado reparto de las bancas de la Asamblea Legislativa (no había actas legítimas para proclamar a los legisladores), el PRD se comportó como una oposición leal que sólo intentaba capitalizar electoralmente el descontento popular, pero nunca cuestionar la legitimidad del régimen.
No se convocaron ni nuevas elecciones, ni una asamblea constituyente.
En el referéndum nacional sobre las reformas constitucionales, realizado el 15 de noviembre de 1992, que debía otorgar parte de la legitimidad requerida, la opinión popular fue abrumadora y contundente: en una relación de 2 a 1 el pueblo rechazó las reformas propuestas. En realidad, los votos favorables de los electores hacia el gobierno no fueron más del 13% de los electores. La abstención, símbolo también de la desilusión popular, alcanzó un 40%.
Pese a lo cual, el régimen de la ocupación y su gobierno siguieron como si nada, frente a un hecho que en circunstancias normales habrían producido una gran crisis política. Pero el sustento del gobierno títere estuvo, por un lado, en manos de las tropas norteamericanas (ahora constituidas, junto con la embajada yanqui, en máximos árbitros de las disputas interburguesas nacionales) y, por otro, en la leal actitud del PRD y su influencia en las organizaciones populares, que por todas partes llamaron a esperar a las elecciones.
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