La avaricia capitalista
en tiempos del COVID

por Olmedo Beluche

A la memoria del profesor Marco Gandásegui

Las epidemias siempre han existido y seguirán existiendo por dos motivos básicos: vivimos en la naturaleza y somos parte de ella, junto con las bacterias y los virus, por un lado; por otro, porque somos seres sociales, convivimos e interactuamos en colectividad, y esa es la principal característica que ha hecho fuertes a los humanos por encima de otras especies, pero, a su vez, es de donde se aprovechan virus y bacterias para transformarse en epidemias y, gracias a la globalización, en pandemias.

Frente a las epidemias son las ciencias, en particular las ciencias médicas, las que nos han dado y nos seguirán dando las armas para combatirlas y sobrevivir como especie. Lo que la medicina no puede resolver es cómo se reparte la carga social que ha significado la pandemia en el sentido económico. Eso pertenece al campo de la política y, por ende, lo deciden quienes tienen el poder, es decir, la clase económicamente dominante, y quienes desde abajo se les oponen y resisten defendiendo sus derechos, luchando por un mundo distinto. En esto consiste la lucha de clases.

Panamá: un gobierno al servicio de la burguesía

En Panamá eso se ha visto plenamente confirmado con el manejo que ha hecho el gobierno Cortizo-PRD de la epidemia del COVID-19. Nunca en la historia fue tan evidente para la absoluta mayoría de las personas en este país que el gobierno defiende primordialmente los intereses de la clase dominante, así sea a costa de la vida de las clases populares. Primero el mercado y el capital que la vida y la salud.

El capital financiero, es decir, los bancos, mejor dicho, los banqueros han sido los niños mimados del gobierno: se les permitió utilizar más de mil millones de las reservas que debían estar como garantía de los ahorros depositados; se les ha permitido, como a todos los empresarios, postergar el pago de impuestos y la cuota patronal del seguro social; les han dejado que en medio de la crisis ellos decidan la relación con sus clientes respecto a deudas e hipotecas. Y eso que los bancos, en 2019, reportaron utilidades por B/. 1,800 millones de dólares.

Pero también están contentos los especuladores financieros internacionales, pues es el gobierno que de manera más rápida ha endeudado al país: 2000 millones en bonos a mitad de 2019; otros 2500 millones en bonos en marzo-abril de 2020; 300 millones con el BID; 500 millones con una agencia del Banco Mundial; 500 millones con el FMI.

Sumados estos números a la deuda acumulada por los gobiernos anteriores, ya se superan ampliamente los B/ 30 mil millones de deuda pública, más del 50% del PIB. Si se tiene en cuenta que esta deuda habrá que pagarla en un futuro mediato contra el gasto social, tal y como sucede en otros países del mundo, es para perder el sueño. Solo este año 2020, el gobierno había presupuestado el pago por servicio de la deuda por más de 3,700 millones de balboas.

La otra gran beneficiaria del gobierno ha sido Minera Panamá, la cual siguió saqueando nuestros recursos sin control del estado, incluso cuando ya se había impuesto la cuarentena a todo el país. Y siguieron exprimiendo plusvalía a los trabajadores hasta que empezaron a morir por contagio del COVID. Solo ahí, y ante los reclamos de los sindicatos y la ciudadanía, el gobierno impuso a la minera que parara.

Mientras la clase trabajadora y los desempleados de Colón no han visto al presidente Laurentino Cortizo firmar la ley de moratoria del pago de hipotecas y alquileres, el Proyecto de Ley 287, aprobado por la Asamblea Nacional, en cambio, sí ordenó que los comerciantes que alquilan depósitos y hangares en la Zona Libre de Colón tengan una moratoria en sus alquileres. Esta debe ser la Ley del Embudo que decían las abuelas.

Para las clases populares solo hay miseria y represión

Tampoco ha querido firmar el presidente el Proyecto de Ley 295 que establece una moratoria en el pago de servicios públicos, lo cual aliviaría la presión sobre las decenas de miles de asalariados que acaban de perder sus empleos por la crisis, la de otros miles de micro, pequeños y medianos empresarios que se han visto obligados a cerrar, así como más de medio millón de cuentapropistas que viven del día a día.

Con fecha del 20 de marzo de 2020 el gobierno de Laurentino Cortizo emitió el Decreto Ejecutivo No. 81, el cual en su resuelto 2 suspende todos los contratos de trabajo de todas las empresas que cierren por la crisis del “corona virus”, con lo cual los “empleadores no están obligados a pagar los salarios”. Con este decreto el gobierno dejó en el desamparo a centenas de miles de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional.

Hasta el momento, formalmente se han registrado en Ministerio de Trabajo (MITRADEL) la suspensión de contratos que afectan a cerca de 60 mil trabajadores y trabajadoras. Personas que tenían ingresos estables y que no contaban como pobres para las estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), por lo cual, en principio no eran beneficiarios del Plan Panamá Solidario.

Plan Panamá Solidario que es apenas un paliativo mínimo que no alcanza para dar sustento adecuado a una familia, menos a las familias pobres que son más numerosas: una bolsa de comida cuyo valor calculan que no llega a los 20 balboas; y un bono de 80 balboas por familia.

El gobierno sabe, porque los cálculos los hace el Ministerio de Economía (MEF), que al momento de empezar la crisis el costo de una Canasta Básica de Alimentos en Panamá para una familia promedio de 4 personas era de poco más de B/. 300.00, sin contar con los costos de las otras necesidades básicas (Canasta Básica General), que incluye: vivienda, electricidad, agua, transporte, vestido, etc.

Ya se ha sostenido que un bono de B/. 300 no es imposible, lo están pagando en Costa Rica y otros países de la región, solo hay que decidirse a tomarlos de los B/. 3,000 millones programados para pagar el servicio de la deuda.

¿Cómo las autoridades piensan que puede estar satisfecha una familia que acaba de perder sus medios de vida, empleo o negocio, con un bono y una bolsa que apenas representan la tercera parte de lo que necesitan para subsistir? Encima la distribución del paquete “solidario” es ineficiente y/o politiquero, pues no está llegando a todas las comunidades.

¿Acaso no se explican por qué en las comunidades más pobres del país, desde David, pasando por Chorrera y Arraiján, hasta San Miguelito, la gente se tira a la calle a protestar incluso arriesgándose al contagio para exigir los bonos?

En lo que sí ha sido eficientemente rápido el gobierno es en la represión. Miles de policías en las calles que, en un mes, ya habían arrestado a más de 20 mil personas por no cumplir la cuarentena; represión efectiva incluso a balazo en las comunidades que han salido a exigir su bono; compra de miles de dólares en equipos de pistolas “taser” y cámaras que no solo miden la temperatura, sino que identifican a la persona y su lugar de residencia. En fin, se ha hecho gala del lema “proteger y servir” a la burguesía.

Todos los hombres del presidente

La actuación del presidente Cortizo y sus prioridades están definidas por su “equipo económico”, al cual presentó orgulloso en televisión en días recientes. Pero no hubo sorpresas, porque todos son las caras conocidas que han dirigido la política económica durante los último 40 años.

Esos individuos son los responsables de la debacle social y económica que ha sufrido el pueblo panameño: deterioro del nivel de vida; reformas laborales; empleos precarios y mal pagados; privatizaciones; apertura de mercado, etc. Y son los responsables del deterioro de los sistemas públicos de salud y educación.

Ahí estaban todos, y todos hombres: desde sus ministros, empezando por Héctor Alexander, alumno destacado de Nicolás Ardito Barletta; el equipo de Indesa, empezando por Guillermo Chapman, responsable directo de la reforma al Código de Trabajo de 1994, en la que fueron asesinados 4 sindicalistas, de las privatizaciones del IRHE y el INTEL, y de la baja de aranceles que afectó a los productores nacionales. Estaban algunos de los “dueños de Panamá”, don Samuel Lewis Galindo y los directivos del Banco General: González Revilla y Alemán Zubieta, entre otros.

¿Qué esperanza puede haber de que algo cambie si son los mismos de siempre? Estos son los que junto al presidente están planeando el día “D”, es decir, el Asalto de Normandía a las finanzas públicas y a los derechos de la clase trabajadora, a ver si pueden exprimir aún más el limón para su beneficio.

Carlos González De La Lastra, no hace mucho condenado por apropiación de la cuota obrero patronal de los trabajadores del diario El Universal, y ex asesor del gobierno de Juan C. Varela, y al parecer aspirante a asesor de Cortizo, develó en un artículo (La Estrella de Panamá del 17/04/2020), lo que podría ser el día “D” de la burguesía panameña, más de lo mismo: apoyar el sector logístico (comercio y servicios) e inversión pública en carreteras.

Y se atrevió a sugerir reestructurar el estado, que entidades autónomas no lo financien, lo que implica despidos. Peor aún pidió liquidar la educación pública reduciéndola a algunas escuelas modelo. Por supuesto, cónsono con el modelo neoliberal se pretende un estado más pequeño y menos democrático con una Asamblea chica y manejable. González De La Lastra tiene al menos el mérito decir en voz alta lo que los otros piensan.

El diario cuyos dueños son los directivos del Banco General, apunta en el mismo sentido en un artículo reciente: “En los últimos diez años, la planilla estatal aumentó en más de 70 mil funcionarios, hasta alcanzar los 242 mil en diciembre de 2019, y el gasto anual se elevó en más de $2 mil 400 millones, hasta $4 mil 172 millones” (La Prensa 18/4/20).

¿Qué quiere La Prensa y De La Lastra, qué despidan funcionarios públicos? ¿Quién va a absorber esa fuerza de trabajo si queda cesante, la empresa privada? ¿Los salarios de los empleados públicos no ayudan a dinamizar la economía?

Lo que se viene es una política económica que seguirá beneficiando a los dueños de la banca, de los puertos y aeropuertos, de los comercios de la Zona Libre de Colón y los capos de la especulación inmobiliaria. En un marco en que, con la excusa de la crisis del COVID, han desaparecido los derechos y conquistas laborales, el despido de miles de empleados públicos y hasta una rebaja de sus salarios, todo para asegurar que el déficit no se dispare asegurando así el pago de la deuda pública y sus intereses a la banca.

Veámonos en el espejo de Ecuador, donde el nefasto gobierno de Lenin Moreno pagó en marzo 320 millones de dólares de la deuda externa, mientras los hospitales estaban sin insumos y morían en las calles de Guayaquil centenares de personas por COVID. Encima los tenedores de bonos de la deuda ecuatoriana le han dado al gobierno plazo hasta agosto para que abone otros 800 millones de dólares. ¿Y los recursos para salud? El capital por encima de la vida.

La avaricia de los capitalistas es tan grande que si pudieran se tragarían toda la riqueza nacional ellos solitos y no dejarían ni las sobras. La gula y la avaricia capitalista no les permite ver que se meten un tiro en el pie cuando pretenden achicar el estado, despedir funcionarios, cerrar escuelas, dejar que se enferme la fuerza de trabajo, etc. Al actuar de esta manera ponen en jaque el propio sistema capitalista, pues es un círculo vicioso el de la crisis sistémica: más explotación, más ganancias, lo que implica menos empleos y menos salarios, pero a su vez la consecuencia es menos consumo y por ello crisis sistémica.

Otro país y otro mundo son posibles a raíz de la crisis del COVID

Se demuestra una vez más que si queremos una sociedad donde la prioridad sea la vida de la gente, la salud pública, el bienestar y la justicia social, basados en la administración racional de los recursos naturales y económicos: NO pueden seguir gobernando los capitalistas y sus agentes. La avaricia y la gula del sistema capitalista les impide ver el mundo de una manera humana, que no tenga como centro la ganancia. Ya lo decía Marx desde el siglo XIX, y cada vez es más cierto, el capitalismo es la ley de la selva en economía.

Pero el presente y el futuro no tienen que ser esa pesada losa de explotación y miseria para las clases trabajadoras. Si nos disponemos, nos organizamos y luchamos, podemos voltear la tortilla. De la tragedia de la Primera Guerra Mundial nació el primer gobierno de obreros y campesino en Rusia y desaparecieron los imperios. De la desgracia de la Segunda Guerra Mundial nacieron los movimientos de liberación y las revoluciones en China, India, Argelia, Vietnam, etc.

Se requiere otro gobierno que no sea instrumento de los capitalistas, sino instrumento de las mayorías trabajadoras, de los sectores más pauperizados de la sociedad para que nos saque de esta crisis con un plan verdaderamente solidario y socialista.

Para hacer el cambio se requiere primero, la unidad de los sectores populares en la lucha contra la pandemia del coronavirus y del gobierno al servicio de los empresarios, exigiendo: renta básica universal para todos los afectados equivalente a una canasta básica familiar; exigir la ratificación de los proyectos de ley 287 y 295; seguridad alimentaria para todas las familias comprando toda la producción agropecuaria nacional; cese de la represión y el autoritarismo, por una gestión democrática de la crisis reactivando los comités de salud comunitaria como lo propuso recientemente el Prof. Gandásegui.

De esa lucha podrá nacer el proyecto político unitario que proponga al país otro gobierno posible.

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