La negación general, sin transparencia y sin identificar lo que es erróneo. Gráfico de la Presidencia.

Una crisis de legitimidad

por el Movimiento Democrático Popular

Escasamente a un año de haber ganado las elecciones con el raquítico porcentaje del 33.1% de los votos, que le significaron escasos 38.000 votos de diferencia sobre Rómulo Roux, su más cercano competidor, y gracias a los votos de un partido aliado aún más desprestigiado como el MOLIRENA, todo indicaba que el hoy presidente Laurentino Cortizo Cohen tendría que realizar un gran esfuerzo por conquistar la aceptación de ese 67% de panameños que no compraron sus eslóganes de “no mentir y no robar” y de que en su gobierno “nadie será intocable, ni siquiera los ministros”.

Si bien era un presidente que cumplía con la exigencia de legalidad por haber ganado incuestionablemente las elecciones, carecía en esa coyuntura de la suficiente legitimidad, es decir de la expresa aceptación y consentimiento de la mayoría de los ciudadanos, la que parecía ir consiguiendo a medida que discurrían los primeros meses de gobierno, gracias, sobre todo, a la denuncia sistemática de las enormes falencias y desatinos de la pasada presidencia de Juan Carlos Varela, responsable de una política económica que llevó al país a una preocupante desaceleración económica, al mantenimiento de la corrupción y la impunidad heredada del Gobierno de Ricardo Martinelli y a un aumento inquietante del desempleo y el endeudamiento externo.

El clientelismo, las políticas neoliberales y la corrupción lo acorralan

Poco duró el proceso de conquista de legitimidad en base a la crítica del gobierno anterior. La inflación de la planilla estatal con vistas al control del partido que lo llevó al poder a regañadientes por carecer de una mejor opción, sumado al multitudinario nombramiento de sectores leales a su persona y a los tres ministros en los que ha hecho descansar su gobierno –Gabriel Carrizo, José Alejandro Rojas y Rafael José Sabonge–, generaron las primeras criticas, que pronto se sumaron a las que provocó el anuncio de que el gobierno asumiría una política económica extraordinariamente favorecedora de los intereses privados, tal como es la ley de las Asociaciones Publico-Privadas, que disminuye la autoridad económica del Estado para fortalecer la del mercado.

En otras palabras, con dicha ley se anuncia una segunda ola de privatizaciones generalizadas que entregará a la empresa privada proyectos importantes por un valor de diez mil millones de dólares (10.000 millones), prácticamente la inversión del Estado en los próximos cuatro años, lo que vendría reforzado por un paquete de 23 leyes que consolidarían ampliamente el control hegemónico de la empresa privada sobre el Estado, lo que amplificará la corrupción, aumentará los costos de dichos proyectos para el Estado y los ciudadanos tendrán que pagar peajes durante décadas para la utilización de diversas obras de infraestructura pública. No hay ninguna duda que el denominado GobierNito pretende ser la expresión más acabada del neoliberalismo postinvasión.

Si todo ello puso los pelos de punta a los sectores intelectuales menos proclives a la continuidad de la política que captura al Estado como botín electoral, y por ello asumen con mayor o menor coherencia la lucha contra la corrupción, alertó también a los sectores que rechazan abiertamente las políticas neoliberales y el control de la política nacional por una partidocracia irreformablemente corrupta, cuyo objetivo es la captura del Estado para la acumulación personal, a cambio de rendir las políticas estatales a los intereses privados.

Muy pronto al lobo se le vieron las orejas, y a solo un mes de asumir el gobierno tuvo que cancelar una adjudicación directa para servicios publicitarios dado que una de las empresas favorecidas estaba ligada directamente a Gabriel Carrizo, Vicepresidente y Ministro de la Presidencia. Posteriormente estalló otro escándalo vinculado nuevamente al Ministerio de la Presidencia: una compra directa, esta vez de generadores de agua potable que llevaba un sobrecosto de 1.3 millones de dólares. En esa ocasión fue sacrificado como chivo expiatorio el Viceministro de la Presidencia, Juan Antonio Ducruet, quien luego de cancelar la adjudicación tuvo que renunciar al cargo. A las pocas semanas el Ministerio de Educación también tuvo que cancelar una licitación para útiles y uniformes escolares por 12 millones de dólares, luego de que se conociera una serie de irregularidades en dicho proceso. Los escandalosos malos manejos en la contratación de los camiones cisternas en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) obligó al Presidente Cortizo a realizar una pública advertencia de que tomaría medidas si continuaban las contrataciones con sobreprecios, al igual de que lo haría con los evidentes sobreprecios en las contrataciones que realizaba la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

A partir del estado de emergencia nacional declarado por la pandemia del Coronavirus, los escándalos de corrupción se han generalizado, afectando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)y a la Caja de Seguro Social (CSS). En el caso de esta última se trató de la adjudicación de un contrato de 168 millones de dólares que al hacerse público fue “suspendido”. Tampoco ha escapado a esta pandemia de corrupción el Ministerio de Seguridad, que pretendió comprar de manera directa munición por poco más de 7 millones de dólares, igualmente con un escandaloso sobreprecio denunciado por las empresas dedicadas al negocio.

La cereza del pastel

Cercado por la vorágine de corrupción desatada incluso antes de cumplir su primer año de gobierno, y con el dedo acusador señalando implacablemente a su Ministro de la Presidencia en medio de la crisis, estalla en la pandemia el demoledor escandalo del intento de compra directa, por parte de dicho ministerio, de cien de los “respiradores” necesarios para los pacientes ingresados en las “unidades de cuidados intensivos” (UCI) de los hospitales. La compra a una empresa totalmente ajena al negocio de los insumos médico-sanitarios llevaba un sobreprecio que iba de 5.000 dólares que es su precio en el mercado a los 48.950 que se pretendía pagar por los mismos. Ante la tormenta de criticas desatadas por el criminal acto, el Viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, intentó una balbuceante explicación que terminó de hundirlo y tuvo que presentar su renuncia.

Lo que nadie alcanza a comprender es cómo el Ministro de la Presidencia ignoraba el atraco y cómo el jefe del Ministro de la Presidencia era tomado de tonto si es que ignoraba dicho crimen. Lo cierto es que en menos de un año el Presidente ya ha tenido que nombrar a tres Viceministros de la Presidencia y soportar un diluvio de críticas y de exigencias para que renuncie a su cargo el Ministro Carrizo, si bien el Presidente Cortizo ha hecho gala de una sordera incomprensible y continúa prestándole todo su apoyo a su delfín político, sin importar los estrechos lazos que mantiene un miembro del equipo de Carrizo con el expresidente Ricardo Martinelli. Tal vez eso explique el silencio y la inacción de la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Martinelli.

Sea como sea, Gabriel Carrizo y su equipo constituyen un ancla para la construcción de legitimidad del gobierno Cortizo, lo que abre una esperanzadora posibilidad de construir una oferta política que responda a las necesidades del momento, eso sí, siempre y cuando sea derrotada la enfermedad infantil del capillismo que infecta a las fuerzas que proponen una nueva realidad postpandemia.