Unos 300 manifestantes ‘pro-familia’ (anti-LGBT) frente a la Corte Suprema de Justicia.
Libertad para todos sin discriminación
por la Fundación Libertad
El país que defendemos es uno libre, sin discriminación, donde el estado de derecho impera y todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Sin embargo, el país que queremos y defendemos no es el país que tenemos y no lo será mientras los derechos fundamentales de las personas estén siendo negados, utilizando como pretexto valores morales y religiosos ajenos al derecho civil.
Hablando específicamente del matrimonio igualitario, desde Fundación Libertad vemos con preocupación las manifestaciones de grupos que llaman a perpetuar la discriminación en base a la orientación sexual de las personas, y coartándoles, a través de la negación a su derecho al matrimonio, la oportunidad de realizar su plan de vida de forma plena, así como una serie de derechos civiles y económicos.
Desde una perspectiva liberal, es importante entender que la institución del matrimonio no es exclusiva de ninguna religión y que su propósito, más allá de la procreación, procura a sus partes provisiones jurídicas, económicas y de seguridad social, fundamentales para la vida en sociedad. Bajo esta premisa, ceder a presiones de grupos opresores de las libertades de los individuos atenta contra el estado de derecho y la soberanía de nuestro país.
El matrimonio es un derecho básico del ser humano, el cual en nuestro país está siendo violentado mientras nuestras instituciones de gobierno guardan silencio ante la tiranía de las masas. Entre tanto este o cualquier otro derecho no sea accesible a todos los ciudadanos por igual, estamos como sociedad coartando el plan de vida de nuestros compatriotas, incluyendo hermanos, amigos y a nuestros propios hijos.
En Fundación Libertad queremos hacer un llamado al respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual y denunciamos cualquier tipo de discriminación que atente contra las libertades individuales y la plena realización del ser humano.
Exhortamos también a nuestras autoridades de justicia a mantenerse firmes en el deber sagrado de proteger los derechos de todos los panameños, por encima de sus intereses particulares y de las presiones de grupos que ven en los derechos humanos como un privilegio.
Solo así, a través del respeto de todos y cada uno de los individuos que conforman el tejido social de nuestro Panamá, podremos decir que somos genuinamente una nación libre, soberana y próspera.
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