Protesta del 28 de enero en la Calle 50. Foto no atribuida del Twitter de Any Pérez de Troitiño.
El “Diálogo sobre la Caja de Seguro Social”
comunicado del Polo Ciudadano
El 18 de enero de 2021, el gobierno nacional y la Dirección General de la Caja de Seguro Social, instalaron en la sede del Parlatino un supuesto “diálogo” sobre esa institución y su futuro. De salida quedó en evidencia que hay un problema de legitimidad de los invitados al diálogo, ya que los gremios empresariales y funcionarios a fines al oficialismo parecían completos, pero no había representatividad del movimiento sindical y popular.
Por una denuncia del economista Felipe Argote la ciudadanía supo que el Informe de la Junta Técnica Actuarial, que sirve de base al “diálogo”, está plagado de irregularidades de todo tipo: empezando que data de 2018, siguiendo que no ha sido mrefrendado por la Contraloría de la República, sin que haya una explicación del por qué no ha sido aprobado por los auditores.
El Informe también revela la existencia de “errores” en el manejo de los fondos de la institución y sus programas de IVM, los cuales indican no solo desgreño, sino malos manejos e indicios de corrupción, pues el caos en las finanzas es útil a quién quiere morder de los fondos de la entidad.
Pero lo peor de todo es que los “actuarios” proponen como solución a la supuesta crisis de las finanzas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), las siguientes “medidas paramétricas”: elevar la cuota obrero patronal a 18.5% del salario; aumentar la edad de jubilación a 67 años los hombres y 62 años las mujeres; reducir las jubilaciones del promedio del 60% al 40% de los salarios; y aumentar las cotizaciones de 20 a 25 años.
En definitiva este es un “dialogo” bilateral de “Yo con Yo”, donde el gobierno y los empresarios definen un vez más el destino y futuro que desde ya se vislumbra catastrófico para la Caja del Seguro Social. Y al parecer a esta dupleta no les ha bastado con repartirse los miles de millones recibidos de los bancos internacionales bajo el argumento de enfrentar la actual crisis pandemica del COVID-19; sino que ahora se plantean hacerse de los recursos de esta institución y plantean “soluciones” nefastas al pueblo panameño y su seguridad social.
Frente a este nefasto panorama y nuevo golpe que se avecina a la clase trabajadora panameña y los evidentes malos manejos de los directivos de la CSS de los últimos 16 años, al menos, el movimiento sindical y popular debe prepararse para la lucha:
1. Exigiendo de los representantes gremiales en la Junta Directiva a que rompan su pasividad cómplice de los malos manejos en la CSS y se pongan a la cabeza de las denuncias y la lucha, sino deben ser reemplazados.
2. Oponerse a las “medidas paramétricas” que abanican empresarios y gobierno porque suponen un deterioro mayor de los empobrecidos niveles de vida de la clase trabajadora y de sus malas jubilaciones.
3. Oponerse al desguace de la CSS en dos entidades, una de salud fundida con el MINSA y otra de manejo de los fondos del IVM. En el esquema empresarial, la primera cargaría la salud pública a las cuotas de los asegurados; y la segunda sería manejada mediante “cuentas individuales” y fondos de pensiones privados.
4. Frente a los malos manejos administrativos de TODOS los directores de la CSS y gobiernos, y la ineficiencia de la actual Junta Directiva en defender los derechos de sus representados, hay que proponer un modelo administrativo diferente al actual y a la propuesta de los empresarios. Un nuevo esquema administrativo que combata el robo de las cuotas por empresarios ladrones (evasión), la corrupción interna y las mafias de los proveedores aliadas a funcionarios.
5. Exigir que la única salida a la crisis de los Programas de IVM, sin medidas paramétricas, es el retorno al sistema solidario para todos los cotizantes, eliminando el ineficiente sistema de “cuentas individuales”.
6. Plantear que el Director General de la CSS levante la resolución aprobada el año pasado que, ante la pandemia del COVID-19, suspendió el cobro de las cuotas obrero-patronales. Que todas las empresas que se han reactivado paguen como es debido y que el gobierno central asuma un subsidio que cubra los déficits ocurridos por causa de la pandemia que salga de las contribuciones del Canal de Panamá.
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