En medio de una enorme crisis fiscal, el gobierno de Cortizo regala los recursos naturales a un puñado de empresarios
por Polo Ciudadano
La prueba palpable de que los empresarios en Panamá financian las campañas electorales a cambio de que, al salir electos, les favorezcan con contratos, la constituye el acierto de los dueños del sector minero al haber puesto a uno de sus empleados en la vicepresidencia de la República, como lo es José Gabriel Carrizo.
Carrizo fue abogado de la mina de Molejón, Minera Petaquilla, cuyo dueño era el célebre Richard Fifer, mina que luego de lustros de explotación incontrolable, fue cerrada alegando “quiebra” en 2013, dejando a centenares de trabajadores sin sus cuotas de seguridad social y, lo que es peor, dejando un peligro grave de contaminación con sus tinas de deslave contaminadas con cianuro en la que el estado tuvo que gastar millones de dólares para evitar una catástrofe. Richard Fifer, el jefe de Gabriel Carrizo, pese a ser condenado por apropiarse de las cuotas de la seguridad social, no pagó ni un día en la cárcel gracias a su edad.
Ahora tenemos que el gobierno Cortizo-Carrizo favorece al sector minero: 1-) Incluyendo 25 mil hectáreas de bosque en el régimen de concesiones mineras (13/5/21); 2-) Anulando una resolución de 2015 del Ministerio de Comercio por la cual el Estado asumía las tierras de la mina de Molejón; 3-) Casualmente, cinco días después, aparece el ministro Ramón Martínez que anuncia un acuerdo para traspasar la mina de Molejón a la empresa Broadway Strategic Metals Inc.
A todo esto, podemos agregar que el gobierno panameño mantiene intacto el leonino contrato con la empresa canadiense First Quantum, que explota la mina de cobre denominada Minera Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró en 2017 inconstitucional el contrato ley en que se basa. Según denuncia el periodista Sergio Sánchez Minera Panamá habría extraído el equivalente a 1.455 millones de dólares en minerales, pero a Panamá sólo le tocaron 29,1 millones de esa fortuna. Regalías de apenas el 2%, cuando en Sudamérica los Estados exigen entre el 40 y 51% de regalías.
A este robo contra el patrimonio de la nación panameña hay que añadir el tremendo daño ecológico que producen estas minas a cielo abierto, daño del que no se hacen responsables como quedó demostrado en Molejón afectando a las comunidades en las que también están eximidas estas empresas de impuestos locales.
Paralelamente se planifica otra traición a los intereses de la patria con la negociación de la renovación del contrato con Panamá Ports Co. (PPC), que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, otro asalto en descampado contra Panamá: esta empresa, en 25 años, tuvo utilidades por 909 millones de dólares, y eso que hubo mucha a empresas subsidiarias, pero sólo pagó al país 8 millones, cuando debió recibir 82 millones de dólares, sin contar con que Panamá dejó de percibir 600 millones del canon fijo y variable que se pactó en 1997 y que el gobierno de Mireya Moscoso le perdonó.
El contralor de la República y el ministro de Comercio “no han encontrado nada anormal” y consideran que la empresa cumplió, con lo cual piensan renovar por otros 25 años en iguales condiciones, con lo que el robo al erario continuará aumentando.
Mientras el gobierno empresarial del PRD-Cortizo-Carrizo hace estos regalitos a empresas privadas a costa de los bienes públicos y las riquezas minerales nacionales, el déficit público se sigue incrementando en medio de la crisis. ¿Cómo combate el déficit el gobierno empresarial? Cortando gasto social: recortes en salud pública y educación llevan a estas entidades al borde del abismo; achicando el Plan Panamá Solidario y cortando las ayudas a los pobres.
El Polo Ciudadano sostiene que es hora de un cambio real. Tenemos que exigir una reforma fiscal progresiva, en la que el que más gana pague más impuestos, incluyendo las grandes empresas, que en su mayoría están exoneradas. También hay que exigir la revisión de esos contratos antinacionales que regalan a precio de feria toda la riqueza nacional. Por eso se requiere la constitución de una verdadera alternativa política popular que saque del poder a estos agentes corruptos, siempre al servicio de intereses privados.
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