La Gran Alianza en sus inicios, cuando anunciaron su intención de revertir los acuerdos que terminaron con los cierres de julio. Solo para que sepamos quién y qué, aunque hay acólitos en la comunidad gringa que dicen que es racista reconocer esto. Foto de la Presidencia.
Los gremios empresariales y el diálogo nacional
por el Movimiento Democrático Popular
Las enormes movilizaciones ciudadanas que se produjeron durante el mes de julio y parte agosto pueden ser consideradas como las más importantes de nuestra historia republicana. Fueron masivas, abarcaron todo el territorio nacional, tuvieron una duración de más de 30 días, e incorporaron a distintos gremios y sindicatos, además de a la Comarca Ngäbe Buglé y a diversos sectores campesinos.
Esa fuerza arrolladora, dirigida por dos Alianzas Sociales y el denominado “Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, pueblo Ngäbe Buglé y Campesino”, lograron sentar al gobierno nacional en una mesa de negociación instalada en Penonomé. Ese resultado fue producto de una nueva y coyuntural correlación de fuerzas en la que los movimientos sociales cabalgaron al tigre del enfado popular y el gobierno se vio forzado a reconocer en los hechos su grave deslegitimación ciudadana.
La denominada “Mesa Única del Diálogo por Panamá”, que conquisto su legitimidad en la masiva movilización nacional, adoptó una agenda de ocho temas referidos a “canasta básica, combustible, medicamentos, educación, energía eléctrica, Caja de Seguro Social, corrupción y transparencia, y mesa intersectorial”, alcanzándose diversos acuerdos, entre ellos el convocar una segunda fase del diálogo en la que participarían otros sectores de la sociedad, especialmente los gremios empresariales que durante toda la negociación de las organizaciones sociales con el gobierno han venido reclamando su participación.
Los objetivos fundamentales de esta segunda fase del diálogo serían los de analizar los problemas estructurales que tiene el país y que impiden un Panamá más justo y solidario, estableciéndose los siguiente puntos a tratar: los disensos de la primera etapa, seguridad y soberanía alimentaria, pueblos originarios; derechos humanos y ambiente, vivienda y hábitat, educación, juventud y desarrollo social; salud y seguridad social, laboral, transporte y logística.
De inmediato, e incluso antes que se cerrara la primera fase del diálogo, los gremios empresariales constituyeron lo que han denominado “La Gran Alianza por Panamá”, que afirman que está integrada por 150 organizaciones, desde los más importantes gremios empresariales del país, tales como la Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Cámara de Comercio, Apede y la Cámara de la Construcción, hasta organizaciones tan diminutas como la asociación de padres de familia de un colegio privado de enseñanza.
La Gran Alianza ha mostrado de inmediato y sin titubeos cuales son sus objetivos, procediendo a realizar acciones y divulgar concepciones y afirmaciones como las siguientes:
- Que representan a más de 800,000 trabajadores, olvidándose que ellos solo se representan en su condición de empresarios, puesto que los trabajadores tienen sus propias y distintas organizaciones representativas (gremios y sindicatos, que están integrados en las actuales alianzas construidas por los movimientos sociales).
- Han presentado diversas demandas de inconstitucionalidad contra algunos de los acuerdos logrados en la Mesa del Diálogo, alegando que fijar un margen bruto máximo de comercialización para algunos productos viola la Carta Magna y atenta contra la propiedad privada. Con ello desconocen deliberadamente los artículos 282, 283 y 284 de la Constitución Nacional que faculta al Estado a regular los precios de artículos de cualquier naturaleza, en especial los de primera necesidad. Dicho recurso ya fue fallado en su contra por la Corte Suprema de Justicia en el período gubernamental pasado, lo que pone de manifiesto una actuación de mala fe.
- Plantean que es necesario “revisar todo lo actuado por la Mesa del Diálogo desde el pasado julio”, y llaman a “desconocer los decretos producto de los acuerdos por no haber sido ellos consultados”, con lo que hacen apología de la desobediencia a las normas y leyes, incurriendo así en insubordinación. Con dichas posturas sabotean conscientemente la posibilidad de legitimar la segunda fase del diálogo.
- La Cámara de Comercio ha propuesto en su comunicado del 28 de agosto la necesidad de “propiciar la contratación de personal a medio tiempo”, lo que posibilita y estimula la sobre explotación de los trabajadores, anunciando así de pasada su intención de “flexibilizar” el Código de Trabajo.
Estos cuatro puntos dejan en claro que no existe voluntad de los gremios empresariales para abordar los graves problemas que aquejan al país y que a partir de ahora no podrán ser obviados. La lucha contra la multimillonaria evasión fiscal, que es el mayor acto de corrupción adjudicado al empresariado, la necesaria convocatoria de una Asamblea Constituyente que rompa con la corrupción institucional y el clientelismo, y el avance en la lucha contra los oligopolios y la tercerización y privatización de lo que son obligaciones del Estado, son pasos necesarios para construir el Estado de Bienestar que exige la sociedad, y que excluyen la privatización de los fondos de pensiones y, por el contrario, afirman la necesaria conformación de un país esencialmente solidario.
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