En relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia
sobre el matrimonio igualitario en Panamá
Desde Fundación Libertad vemos con profunda decepción, más no sorpresa, el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del 16 de febrero de 2023, concerniente a la legalidad del matrimonio igualitario en Panamá.
Este es un fallo que reafirma la discriminación y niega protección a familias, poniendo visiones pseudo moralistas ajenas al derecho civil por encima de la justicia e igualdad de derechos de las personas. Este fallo representa también un desconocimiento flagrante de nuestra Constitución en cuanto al ejercicio de derechos y garantías sin fueros ni privilegios.
Según lo expresado en el comunicado publicado por el Órgano Judicial, “el matrimonio igualitario […] no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental, siendo que carece de un reconocimiento convencional y constitucional”, sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 16 consagra al matrimonio como tal, sin hacer exclusiones sobre la composición de las parejas, y enfatizando el derecho de las familias a la protección del Estado.
Adicionalmente, el fallo de la CSJ limita el matrimonio a una visión de procreación, deliberadamente ignorando una serie de provisiones jurídicas, económicas y de seguridad social, que el matrimonio procura a las partes involucradas, y que son fundamentales para la vida en sociedad y a la que tienen derecho todos los panameños sin distinción alguna.
Los magistrados de la CSJ están llamados a interpretar nuestra Constitución y a proteger a los ciudadanos. Nos encontramos, sin embargo, con un Pleno evidentemente sesgado a favor de grupos recalcitrantes y con ello, enemigos de la libertad individual, sin importarles las familias que perjudican en el proceso.
Con este fallo, estamos una vez más demostrando que Panamá, a pesar de ser un país diverso, está lejos de ser un país incluyente y justo. Pierde la justicia, pierde Panamá, pierde la humanidad.
Por nuestra parte, no escatimaremos esfuerzos en promover o acompañar las acciones legales ante las instancias internacionales para que Panamá cumpla la letra y el espíritu de los tratados sobre derechos humanos a que nos hemos comprometido como país.
1 de marzo de 2023
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