Los sindicatos universitarios protestan.

Lucha de clases fiscal

por Olmedo Beluche

En menos de un mes de gobierno, Cortizo y su equipo económico tomaron dos drásticas medidas que parecen contradictorias: vendieron bonos soberanos por más de B/. 2000 millones, que se suman a la deuda pública que sobrepasa los 25,000 millones; decretaron la llamada Austeridad con Eficiencia, por la cual le cortaron al presupuesto estatal de 2019, B/. 1,483.7 millones.

Pese a que anunciaron con bombos y platillos la emisión de bonos, que pronto les daría la liquidez que dicen que faltaba, el recorte presupuestario fue drástico en dos rubros que ya vienen muy deteriorados, y que son los que más afectan a las familias pobres: salud y educación públicas.

Al presupuesto de la Caja de Seguro Social le recortaron nada menos que B/. 279.7 millones, y al MINSA B/ 127.9 millones. En un momento de quejas generalizadas por falta de insumos, medicinas y mora quirúrgica. Al MEDUCA le tumbaron de un golpe B/. 85 millones de balboas, 50 millones en servicios personales y el resto en inversión. Cuando cada día hay protestas de padres por escuelas en mal estado. A las universidades públicas también les afectó la tijera.

Aquí es donde cualquiera con sentido común se pregunta si, ante una crisis fiscal, lo primero que hay que hacer es afectar los servicios públicos que reciben los sectores más pobres de la sociedad. Máxime que ya se anuncian “revisiones” y recortes a otros programas sociales, como la beca universal.

Si se conoce algo de este país, se sabe que aquí hay sectores empresariales que históricamente han hecho parte del llamado “Club de los Exonerados”. Por ejemplo, la industria marítima, que representa el 33.5% del producto interno bruto (PIB), unos 25 mil 780 millones de dólares anuales, su tributación totaliza $603.4 millones, apenas un 2.3% de todo el capital que mueven.

Por el contrario, un docente universitario paga en promedio de impuesto sobre la renta el 7.35% de su salario y el 8.6% si se incluye el seguro educativo.

En 2015, el gobierno de Varela alegó un déficit, según el cual el “impuesto sobre la renta de las empresas” había bajado 27.3% de lo presupuestado y 15.3% respecto al año anterior, la suma total que se debió recaudar era B/. 884.2 millones, esto significa que, respecto a una economía estimada en B/. 76 mil 925 millones para ese año, las empresas solo pagan de impuesto sobre la renta empresarial apenas el 1.1% del PIB.

Un experto como el Sr. Publio Cortés afirma que “ciertos contribuyentes de alto nivel económico, se benefician de la opacidad de los refugios fiscales…”, además que utilizan gastos ficticios para declarar mucho menos de lo que se debe pagar en impuestos (La Estrella, 3/5/16). Donde quiera que se mire, los mejores negocios del país, o están exonerados o tributan muy poco.

Así que debemos exigir que el gobierno deje de atacar fiscalmente, con recortes o impuestos, a los asalariados y a los más pobres, que se deje de recortar los servicios y programas sociales. A quienes hay que dejar de subsidiar son a las grandes empresas extranjeras y nacionales que se benefician de nuestra posición geográfica. Exijamos una reforma fiscal progresiva en la que los que más ganan paguen más, y no al revés, que es lo que está pasando en Panamá.

El autor es profesor de sociología en la Universidad de Panamá y activista político de la izquierda.

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