Los hechos narrados en el informe evidencian que, de los delitos más graves contra esta población en el conflicto armado, el peor fue la violencia sexual usada como una práctica sistemática utilizada para corregir, enderezar y asumir su rol de nacimiento frente a sus víctimas. Pintura encargada por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Mecanismo de Monitoreo de Riesgos
emite sus tres primeras alertas
comunicado del Sistema Integral Para La Paz – Jurisdicción Especial para la Paz
• Se evidencia un debilitamiento de la autoridad del Estado, crece la presencia de las disidencias y hay una reorganización de grupos herederos del paramilitarismo en los territorios.
• La JEP, la Comisión de la Verdad y la UBPD exploran caminos que garanticen la no repetición de los crímenes padecidos por los colombianos durante 60 años de conflicto.
San Jacinto, 2 de diciembre de 2021. En 100 municipios es crítica la situación de riesgo debido al debilitamiento de la autoridad del Estado, el aumento de la presencia de disidencias de las extintas Farc-EP en 172 territorios y la reorganización de grupos herederos del paramilitarismo. Estas fueron las tres alertas que este martes emitió la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, durante el lanzamiento del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz.
Durante el evento, que se llevó a cabo en San Jacinto (Bolívar), la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, presentaron la herramienta que servirá de brújula para alertar sobre los riesgos, dar a conocer las atrocidades del conflicto y para que el Estado tome las medidas que sean necesarias.
A través de esta plataforma pública, las tres entidades trabajan por contar con mayores herramientas para mitigar los riegos de los colombianos que participan activamente del modelo de justicia transicional. De acuerdo con el informe, desde la firma del Acuerdo de Paz 326 excombatientes de las Farc-EP y 1.026 líderes sociales han sido asesinados. La muerte de cada uno de ellos priva a las víctimas de materializar sus derechos a la justicia y a la verdad plena.
“Esta herramienta no reemplaza los propios mecanismos de defensa que están en cabeza del Estado”, advirtió el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP. A su juicio, es necesario que “las demás autoridades tomen nota de las alertas para que adopten las medidas correspondientes”, manifestó tras recordar que el Sistema solicitó a la Defensoría del Pueblo adoptar una resolución defensorial que trace una hoja de ruta para ponerle fin a los crímenes.
Por su parte, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, hizo un llamado “para que los alcaldes protejan a su gente” ya que “lo que está en juego y nuestra única razón para existir como instituciones del Sistema Integral para la Paz es la responsabilidad por la vida”.
Sobre esa misma orilla se paró Nadia Pérez, vocera de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. “Este sistema nos ha permitido identificar los riesgos para la vida y libertad para los familiares, acompañantes, aportantes de información, como los firmantes del Acuerdo de Paz. Esto nos permite identificar los riesgos, contrastarlos con ustedes en territorio para prevenirlos y mitigarlos”.
¿Cuáles son las tres alertas?
Ante un grupo de líderes sociales de la región de Montes de María, la delegada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Misión de Verificación de la ONU, Pastoral Social, la Mapp/OEA, el Instituto Kroc, el Instituto Capaz y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Giovanni Álvarez, presentó los detalles del nuevo informe.
La primera alerta indica que en 100 municipios de Colombia se está derrumbando de forma peligrosa la autoridad del Estado. Entre ellos, Álvarez se refirió a Maicao, Segovia, Ituango, Tibú, Ocaña, El Tarra, Jamundí, Fortul, Puerto Leguízamo, Suárez, Buenos Aires, La Macarena, Montelíbano, Santander de Quilichao, Tumaco, Buenaventura y Argelia, como algunos de los municipios donde la situación es más grave.
La segunda alerta tiene que ver con que “Colombia está experimentando una fase de reorganización de núcleos históricos del paramilitarismo: el Clan del Golfo y nuevas agrupaciones que reivindican las siglas de las AUC y el BCB han copado 1 de cada 4 municipios, y tienen una actividad significativa en subregiones como Urabá antioqueño, Bajo Atrato, Alto Sinú, sur de Bolívar, Sierra nevada, sur del Cesar, Risaralda/norte del Valle (La Virginia-Cartago)Magdalena medio antioqueño, caldense y santandereano.
Finalmente, Álvarez advirtió que las disidencias de las Farc-EP son el conjunto de organizaciones reincidentes o desertoras que más han crecido en Colombia, constituyendo el principal riesgo de victimización para quienes dejaron las armas. En ese sentido, dijo que “la presencia simultánea de las disidencias de ‘Gentil Duarte’ y la Segunda Marquetalia aumenta más de tres veces la probabilidad de asesinatos” de miembros de la extinta guerrilla.
A través del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, que emitirá informes periódicos para el país y las autoridades competentes, tanto la JEP, la Comisión de la Verdad, como la UBPD, exploran caminos que garanticen la no repetición de los crímenes vividos por los colombianos durante 60 años de conflicto armado.
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