Una lista negra que atenta
contra el debido proceso

por la Fundación Libertad

La Fundación Libertad ve con suma preocupación la amenaza de cierre inminente que se cierne sobre los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, con motivo de su permanencia en la lista creada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.

La lista OFAC es una lista negra que atenta contra el debido proceso legal consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. El derecho al debido proceso legal supone que para que a una persona le apliquen sanciones legales, tales sanciones solo son válidas si resultan luego de que se le haya levantado cargos de manera formal; que dichos cargos le sean comunicados de manera oportuna; que se le presenten pruebas científicas para sustentar los cargos; que se le permita examinar las pruebas en su contra y aportar pruebas para refutar los cargos, y se le permita en general defenderse de las acusaciones elevadas contra él. Todo esto, además, con las garantías de un juez imparcial, y con acceso a una defensa técnica que pueda actuar en libertad y sin temor a represalias.

La lista OFAC es, además, un ejemplo a nivel individual de la política de listas negras adoptadas por organizaciones como la OCDE, la cual se lleva a cabo para imponer políticas públicas que no son del interés de países que, como Panamá, no tienen nada que ganar de las mismas. Al igual que la lista de OFAC, estas listas son subjetivas, no se basan en una norma de aplicación general a todas las naciones, ni tiene como criterio evaluador a un tribunal imparcial. Son condenas sin ley ni juicio. Son la expresión de una nueva forma de imperialismo que atenta con el Derecho Internacional Público y contra la organización que el mundo se dio luego de la segunda guerra mundial.

La Fundación Libertad considera peligroso para las libertades individuales y el Derecho Internacional Público, que un estado o una organización de estados tenga poder para aplicar sanciones contra determinadas personas o naciones, sin tener que someterse al tamiz de un proceso legal que cumpla con el principio del debido proceso.

En el caso de los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, su inclusión en la lista OFAC además implica una amenaza grave contra la libertad de prensa y una amenaza grave a la libertad de expresión de todos los panameños. Esto, no solo por el hecho de que ambos diarios están abiertos a la participación de todos los ciudadanos y habitantes de la República de Panamá, ya que sus páginas a diario publican artículos de opinión -aportados por ciudadanos– de todos los matices ideológicos, políticos o filosóficos; sino además por el hecho de que la libertad de expresión de ambos diarios -los propietarios, accionistas y colaboradores de dichos medios– no es solo el derecho de una persona a expresar sus ideas u opiniones, sino también, y esto es clave, el derecho de la audiencia a escuchar lo que cada persona tiene que decir.

Exhortamos al gobierno nacional a que asuma el papel histórico que el destino ha puesto en su camino. A través de la Cancillería y el Servicio Exterior, el gobierno debe asumir con responsabilidad su deber y protestar en el plano del derecho internacional, contra cualquier medida unilateral, de carácter extraterritorial y lesiva de los derechos humanos a la libertad de expresión y el debido proceso legal o del derecho de autodeterminación de los pueblos, que constituye el cerco económico instaurado contra La Estrella de Panamá y El Siglo, así como cualquier que atente contra los intereses de nacionales panameños a través de listar a la República de Panamá de forma contraria al derecho internacional público. Lo que corresponde es exigir de manera diplomática, pero enérgica, la exclusión de Panamá y de estos medios de cualquier lista negra y el levantamiento inmediato y definitivo de las sanciones económicas correspondientes.

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Foreign meddling in our vote? Remember how this feels.

by Peter Certo — OtherWords

During the Cold War, the CIA did everything it’s accusing Russia of doing today — and more.

Even in an election year as shot through with conspiracy theories as this one, it would have been hard to imagine a bigger bombshell than Russia intervening to help Donald Trump. But that’s exactly what the CIA believes happened, or so unnamed “officials brief on the matter” told the Washington Post.

While Russia had long been blamed for hacking email accounts linked to the Clinton campaign, its motives had been shrouded in mystery. According to the Post, though, CIA officials recently presented Congress with a “a growing body of intelligence from multiple sources” that “electing Trump was Russia’s goal.”

Now, the CIA hasn’t made any of its evidence public, and the CIA and FBI are reportedly divided on the subject. Though it’s too soon to draw conclusions, the charges warrant a serious public investigation.

Even some Republicans who backed Trump seem to agree. “The Russians are not our friends,” said Senate majority leader Mitch McConnell, announcing his support for a congressional probe. It’s “warfare,” added Senator John McCain.

There’s a grim irony to this. The CIA is accusing Russia of interfering in our free and fair elections to install a right-wing candidate it deemed more favorable to its interests. Yet during the Cold War, that’s exactly what the CIA did to the rest of the world.

Most Americans probably don’t know that history. But in much of the world it’s a crucial part of how Washington is viewed even today.

In the post-World War II years, as Moscow and Washington jockeyed for global influence, the two capitals tried to game every foreign election they could get their hands on.

From Europe to Vietnam and Chile to the Philippines, American agents delivered briefcases of cash to hand-picked politicians, launched smear campaigns against their left-leaning rivals, and spread hysterical “fake news” stories like the ones some now accuse Russia of spreading here.

Together, political scientist Dov Levin estimates, Russia and the US interfered in 117 elections this way in the second half the 20th century. Even worse is what happened when the CIA’s chosen candidates lost.

In Iran, when elected leader Mohammad Mossadegh tried to nationalize the country’s BP-held oil reserves, CIA agent Kermit Roosevelt led an operation to oust Mossadegh in favor of Shah Mohammad Reza Pahlavi. The shah’s secret police tortured dissidents by the thousands, leading directly to the Islamic Revolution in 1979.

In Guatemala, when the democratically elected Jacobo Arbez tried to loosen the US-based United Fruit company’s grip on Guatemalan land, the CIA backed a coup against him. In the decades of civil war that followed, US-backed security forces were accused of carrying out a genocide against indigenous Guatemalans.

In Chile, after voters elected the socialist Salvador Allende, the CIA spearheaded a bloody coup to install the right-wing dictator Augusto Pinochet, who went on to torture and disappear tens of thousands of Chileans.

“I don’t see why we need to stand by and watch a country go communist due to the irresponsibility of its own people,” US Secretary of State Henry Kissinger purportedly said about the coup he helped orchestrate there.

And those are only the most well-known examples.

I don’t raise any of this history to excuse Russia’s alleged meddling in our election — which, if true, is outrageous. Only to suggest that now, maybe, we know how it feels. We should remember that feeling as Trump, who’s spoken fondly of authoritarian rulers from Russia to Egypt to the Philippines and beyond, comes into office.

Meanwhile, much of the world must be relieved to see the CIA take a break from subverting democracy abroad to protect it at home.

Peter Certo is the editorial manager of the Institute for Policy Studies and the editor of OtherWords.org. 

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Que se excluya a La Estrella
y El Siglo de la Lista Clinton

por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) considerando que durante 2016, Panamá ha sido señalada y acusada por una serie de eventos que atentan contra empresas y ciudadanos de este país, afectando nuestra imagen y soberanía, expresa la siguiente posición:

Observamos con indignación que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) incluya en la llamada Lista Clinton a grupos empresariales panameños sin que medie evidencia alguna.

Se acusa a estos grupos de estar involucrados en lavado de dinero, pero desde el pasado cinco de mayo cuando se hizo el anuncio, ninguna entidad oficial norteamericana ha presentado, ni en Panamá ni en Estados Unidos, una sola prueba que corrobore la existencia del hecho punible.

El pasado 15 de noviembre el Ministerio Público de Panamá concluyó que “los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados”, en tanto que con anterioridad la Fiscalía General de la hermana república de Colombia consignó la no existencia de pruebas contra los grupos en cuestión, después de siete largos años de investigación.

La medida norteamericana ha forzado la venta de activos bajo el criterio de que “el futuro de esas empresas depende de su dueño”, tal cual lo ha dicho de manera injerente el señor John Feely, embajador de Estados Unidos en Panamá. Esta situación ha violentado los derechos humanos de miles de panameños, tras provocar su desestabilización laboral; afectando la libertad de expresión y atentado contra nuestro patrimonio histórico.

Nada de ello es coherente con los valores morales y la larga tradición de respeto al Derecho y a la Democracia, que Estados Unidos preconiza ante el mundo.

Para el PRD se trata de una flagrante violación al Derecho Internacional, al debido proceso, y de una medida administrativa unilateral de extraterritorialidad mediante la cual Estados Unidos viola nuestra soberanía y atenta contra los intereses legítimos de nuestro ordenamiento jurídico.

Estados Unidos ha puesto en juego la sobrevivencia de dos importantes diarios de la localidad: El Siglo y La Estrella de Panamá, que representan una importante cuota en el equilibrio de la opinión pública panameña, portadores significativos de la libertad de expresión.

Es inadmisible que esos periódicos estén condenados a desaparecer el próximo mes de enero, afectando un importante factor en el pluralismo y la independencia de la opinión pública de Panamá.

En medio de esta situación, el PRD lamenta profundamente, no solo el estado de indefensión en que han quedado estas empresas, sino la complicidad oficial con una medida carente de pruebas, en lo que puede constituir un mensaje amargo y frustrante para el empresariado nacional, porque sin haberle exigido a Estados Unidos las evidencias que demuestren el delito, nuestras autoridades parecen dar por sentada la veracidad de la acusación.

El PRD demanda que el Estado panameño asuma la defensa de sus ciudadanos con una posición enérgica y digna, le exija a ese país que cese esta agresión contra las empresas panameñas, y que se excluya de manera inmediata a los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo de la llamada Lista Clinton.

Para el PRD está en juego el respeto que merece Panamá, porque si no encaramos estos hechos como Nación, a futuro ningún ciudadano ni ninguna empresa estará a salvo de este tipo de transgresiones.

Resulta inaceptable que el gobierno asuma una posición complaciente ante estos hechos y que acoja la posición del embajador Feely de vender estas empresas, mientras la aprehensión y el miedo se apoderan de empresarios nacionales porque no encuentran respaldo en quien, por mandato constitucional, debe ser garantía de sus esfuerzos.

El PRD advierte que desde principios de este año, Panamá ha sido señalada como paraíso fiscal en lo que bien puede considerarse como una agresión a nuestra economía, lo cual está generando una merma al crecimiento económico del país.

En ese escenario figuran negocios que son considerados ilegales cuando se ejercen fuera de los territorios de los países que nos han señalado, pero que gozan de todas las ventajas cuando son sus nacionales quienes los desarrollan.

El Partido Revolucionario Democrático se adhiere a todas las organizaciones y gremios del país que se han pronunciado sobre estos aspectos, con el propósito de impedir que se violenten los derechos de la Nación. Si no hay autoridad que asuma una posición digna, entonces a los ciudadanos nos asiste reclamar la valía de nuestros derechos y valores; la sociedad civil, los gremios empresariales, los sindicatos, los partidos políticos y las organizaciones populares debemos asumir ese rol.

A Panamá le tomó casi un siglo consolidar su independencia y hacer efectiva su soberanía, para ejercerla mediante un régimen democrático y jurídico que beneficiara a todos sus ciudadanos y a todos aquellos que residen en su territorio.

Los panameños hemos empeñado grandes esfuerzos en esa dirección, hasta convertirnos en uno de los países de mayor crecimiento en la región; con enormes desafíos y metas por cumplir pero admirados y reconocidos en el concierto de las naciones por la forma como despuntamos en este siglo, por la manera respetuosa como concebimos las relaciones internacionales y por la decisión de apuntalarlas.

Nada debe afectar ese camino, nada debe enturbiar nuestra decisión y deseos de perfeccionar la Democracia; de hacer más transparente la gestión, pero sobre todo más independiente a nuestro país, exigiendo el respeto que merece, sin que sea vulnerada nuestra dignidad como Nación.

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El Siglo and La Estrella journalists demanding their newspapers’ exclusion from the Clinton List. La Estrella video on YouTube.

Panama and the undue pressures of larger countries

The Republic of Panama finds itself in the unusual and unenviable position of having the United States government insist that two of the nation’s mass circulation newspapers, one of them among Latin America’s oldest, must be sold. Washington and its ambassador here say that it’s about money laundering, but they refuse to divulge one shred of evidence about that and argue in court that they don’t have to and that those from whom they are trying to strip La Estrella and El Siglo have no recourse under the law. Such are the totalitarian perversions of the “War on Drugs.”

This is a bundle of many issues, involving many compelling rights and principles that are not absolute. The Nuremberg Tribunal found that Julius Streicher possessed no freedom of the press sufficient to excuse his use of Der Sturmer to incite genocide. Decades later, another international court ruled much the same in the case of radio journalists who encouraged and directed the Rwandan genocide. On the opposite extreme the current Panamanian administration jails Okke Ornstein for his truthful reports about politically connected predatory hustlers who were working Panama.

Really, though, freedom of the press, and even due process of law, are side issues in the Grupo El Siglo – Estrella (GESE) case. The critical issue for Panama is whether it’s tolerable for Panama to permit a foreign power to dictate who can or cannot own and operate a mass communications medium in Panama. It’s not an entirely new issue, given the decades of US blacklisting of Panamanian journalists in the Cold War, a practice that never definitively ended with that period. But the present US assertion of a prerogative to vet the ownership of Panama’s media goes several steps beyond and if accepted would subject an entire nation to foreign mind control. Panama, its institutions and its people should never accept this.

Washington’s demand is even more galling because the United States is harboring the fugitive Ricardo Martinelli and probably several other wanted members of his entourage as well.

However, let’s not allow old nationalist resentments against the superpower that was once colonial occupier of part of Panama and for a shorter period of time established a protectorate over all of Panama make us oblivious or hypocritical. Panama faces a variety of pressures from several powers much bigger than itself and each of these should be addressed separately on its own merits.

The Brazilian government and several of Brazil’s public figures lent assistance to corrupt activities in Panama by the Norberto Odebrecht construction company. These shady practices certainly involved the laundering of bribe money and the hiding of evidence from Brazilian authorities here. They probably also involved the bribery of Panamanian public officials and the rigging of bidding procedures to secure Panamanian government contracts for Odebrecht. Now the widespread corruption that has been the norm in Brazil is under attack there, and Panamanian authorities protect themselves or members of this country’s political, financial and legal elites by finding ways not to cooperate with Brazilian prosecutors and by passing a law saying that the findings of Brazilian courts may not be taken into account in Panamanian government contracting. Brazilian interference in Panama’s affairs imposed Odebrecht’s thuggish corporate culture upon us. The rejection of pleas for help from those Brazilians trying to fight that corrupt culture is a most pernicious assertion of fake nationalism.

China has for decades insisted that Panama drop its formal and friendly relations with Taiwan. The geopolitics of the Asian pecking order and China’s economic “pivot” toward Latin America might elevate this insistence. To Beijing, Taiwan is a rebellious part of China and Panama’s recognition of it is interference in Chinese affairs. To Panamanians, Taiwan is an old and loyal friend and no third country has a right to tell us who can or can’t be our friends. But ways have been found around that impasse and Panama’s economic relations with China are stronger than ever despite the lack of formal diplomatic ties.

France has put Panama on a financial blacklist because too many wealthy French citizens evade taxes and either park their money here or conceal it through chains of shell corporations designed by Panamanian law firms. France is not the only country making trouble for Panama’s financial institutions over complaints like this, and if President Varela protests that we have made international agreements to minimize such things, the Panama Papers tell us that Varela’s erstwhile right-hand man was engaged in the egregious flouting of such agreements. Panama has passed a laughable law to retaliate against the French. With them, and with the rest of the world, Panama should settle on sincere and serious terms. This will mean abandonment of some lucrative businesses that have allowed a few Panamanians to live very well, but economic relations are always give and take affairs if they are to be sustainable.

Panama is not about to bomb France, invade Brazil or wreck the Chinese economy. Varela would be well advise to keep his hands off of machetes while talking about the United States. We are a small country. But we are a sovereign country that should not readily endure all insults. Now is the time for Panamanians and our government to resist a US effort to control our news media, as best we can given our limited power and resources.

Human Rights Day

preamble to the Universal Declaration of Human Rights – December 10, 1948

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

See the entire document here.

Bear in mind…

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