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Con el aumento de la esperanza de vida, también lo hace el interés por averiguar cómo podemos preservar nuestra salud física y mental. Diversos factores se asocian a un buen funcionamiento cognitivo en edades avanzadas, como la genética, la educación o el nivel socioeconómico, aunque también se está estudiando el papel de aspectos más concretos del estilo de vida, como el hecho de utilizar de más de un idioma. ¿Y por qué sería beneficioso hablar una lengua diferente a la nativa en este contexto?
La respuesta radica en los procesos que hacen posible la comunicación. Cuando hablamos, hacemos mucho más que transmitir información. Por ejemplo, a nivel mental, debemos seleccionar las palabras que representan las ideas que queremos comunicar, así como el orden en que vamos a producirlas, entre otras cosas.
Posiblemente piense que, en el día a día, no invierte mucho tiempo en planificar lo que va a decir y que hablar le resulta bastante automático. No se equivoca: a menos que esté realizando una tarea más demandante como escribir un artículo para The Conversation, las ideas activan rápidamente palabras. Con la misma facilidad, las colocamos ordenadamente en una frase que puede entender nuestro interlocutor.
Sin embargo, cuando nos expresamos en nuestro segundo idioma, las ideas activan palabras tanto en nuestra lengua materna como en la adquirida, y la selección del vocablo correcto se hace más complejo. Debemos frenar la activación automática de nuestro primer idioma (por ejemplo, tenedor) para poder producir ese otro término (fork) que usamos con menos frecuencia.
Al mismo tiempo, la representación mental de tenedor se volverá menos accesible en nuestra memoria y, la próxima vez que la necesitemos, llevará mayor esfuerzo mental recuperarla.
Este simple hecho requiere atención y esfuerzo cognitivo, lo que ha llevado a los psicolingüistas a investigar si esa mayor demanda en las llamadas funciones ejecutivas conlleva cambios a nivel cerebral y en el funcionamiento cognitivo de la persona bilingüe.
Encargadas de detectar y gestionar la interferencia de un idioma sobre otro, estas funciones ejecutivas también son responsables de nuestra conducta dirigida a metas, nos permiten supervisar tareas y ser flexibles y están en la base del comportamiento inteligente. Por lo tanto, se deduce que su uso continuado en bilingües podría mejorar su rendimiento en otros ámbitos.
Algunos estudios han encontrado que los bilingües tienen un mejor desempeño que los monolingües en tareas que requieren funciones ejecutivas. Esto se ha observado con mayor frecuencia en investigaciones que involucran a niños y adultos mayores, es decir, en personas cuya capacidad para dichas funciones está en desarrollo o en declive, respectivamente.
Pero, curiosamente, los estudios más interesantes en personas mayores no son aquellos en los que se ha encontrado que los bilingües realizan mejor ese tipo de tareas o que desarrollan enfermedades degenerativas cuatro años más tarde en comparación con los monolingües. Tampoco lo son los que indican que presentan mayor integridad en ciertas regiones cerebrales. Las investigaciones más sorprendentes son aquellas en las que los bilingües con el cerebro deteriorado rinden al mismo nivel que los monolingües sanos. ¿Cómo es posible?
Según los investigadores, es aquí donde entra en juego el concepto de “reserva cognitiva”. Esto implica que, en un cerebro dañado, el rendimiento mental se mantiene a un nivel adecuado. Podríamos decir que a los bilingües les queda una buena “pensión mental” una vez que su órgano pensante se jubila.
Hay otros hábitos que también parecen mejorar nuestra reserva cognitiva, desde las relaciones sociales hasta las actividades estimulantes. Sin embargo, debido a la existencia de resultados contradictorios, en la comunidad científica existe controversia sobre si hay o no un beneficio cognitivo real.
La pregunta que surge es en qué circunstancias nuestros hábitos, como hablar un segundo idioma, tocar un instrumento o montar en bicicleta, pueden no sólo mejorar nuestra calidad de vida, sino también preservar nuestras habilidades mentales y físicas en la vejez. En el caso del bilingüismo, se han tenido en cuenta factores como el nivel de dominio del segundo idioma, la frecuencia de uso de ambas lenguas, el contexto o la edad de adquisición.
Por ejemplo, en un estudio muy reciente se dividió a más de 700 participantes mayores en tres grupos según la edad en que habían comenzado a utilizar dos idiomas: personas que empezaron entre los 13 y 30 años, quienes lo hicieron entre los 30 y los 65 y, finalmente, aquellos que se iniciaron en el bilingüismo después de los 65.
Se encontró que, en comparación con las personas monolingües, las que pertenecían a los dos primeros grupos presentaron un mejor rendimiento. Esto sucedía no sólo en tareas que requerían funciones ejecutivas, como cabría esperar, sino también en actividades que evaluaban memoria y aprendizaje.
Está claro: ¡hay que empezar a ahorrar antes de jubilarse!
Patricia Román, Profesora de Psicología Experimental, Universidad Loyola Andalucía
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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Waiting for the bus into the town of Anton from El Bajito on Tuesday morning, I saw the representante’s crew busy making patches. They did work, it was hard and dirty labor, they didn’t have the equipment or materials to do an excellent and long-lasting job, but it will get us by for a while.
The road from the Pan-American Highway to here — and then beyond to San Juan de Dios, Altos de la Estancia and El Valle — has been a worse than usual mess under the current administration. First thing after the change of government in 2019, they took down the “no heavy trucks” signs and stopped staffing the weigh stations on the main highway.
Business-friendly? Depends on the business. Along with the signs urging a vote for him or her or them, there are now some signs against the stone, sand and gravel mining in the area’s rivers. It’s not so much to save the streams, but to save the roads from the wear and tear of the heavy gravel trucks.
And the public works projects? Not so much to provide excellent roads, but to put voters who need the jobs to work, especially if they can be counted upon to vote for the representantes in question. La Prensa has done some extensive and interesting reporting on how the “decentralization” funds to local councils have been doled out. It’s no big surprised that the places run by the PRD, or their sometimes junior partners in MOLIRENA or the Yanibel faction of CD, get the lion’s share. And then some.
The legislature appropriated more than $200 million in decentralization funds essentially to affect the PRD primary, and now that the date for that has come and gone, just added another $18 million “recharge.” So in Juan Diaz de Anton, the patched road gets more patches.
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1. If he’s against negotiating with criminals, does that mean he’d do away with plea bargaining? Or for that matter the entire accusatorial system of criminal procedure?
2. If he’s against negotiating with criminals, what if the criminal is a foreign head of state?
3. If he’s going to purge all the racketeers and enablers from all the public institutions, would he have to rely on foreign assistance? And would that put far from inerrant foreign governments in charge of vetting Panama’s public servants?
4. He’s going to dedicate MORE resources to “The War on Drugs?” More prison cells for more prisoners? Militarization of society? Isn’t the truth of the matter that this “war” has long been lost and that other approaches to the problem of addiction are needed?
5. The president’s “unrestricted” support? Like the televised mass torture execution of those boys at the Tutelar de Menores in Tocumen during Ricky Martinelli’s time in office? Like Martinelli´s attack on the policlinica in San Felix?
6. “Unrestricted” like what Bukele is doing in El Salvador? Or like the El Mozote Massacre there? Or like the El Aro Massacre in Colombia? Or like the executions in the Chilean soccer stadium when Pinochet took over? Or like the Ayotzinapa Massacre in Mexico?
7. Reforming the Police Law? Like, recognizing that it can be a burnout job that leaves cops with Post-Traumatic Stress Syndrome, so making it possible for them to make other arrangements for their lives without penalizing them?
8. Reforms that play down the mass sweeps, and play up the specifically targeted investigations of crimes? Or just more police on the streets doing what they have always done?
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Democracy defenders across the United States on Tuesday breathed a collective sigh of relief after half of the US Supreme Court’s right-wing supermajority joined with the three liberal justices to reject a “dangerous” legal theory that could dramatically impact federal elections.
Oral arguments for Moore v. Harper in December had some campaigners worried that at least five justices would embrace independent state legislature theory (ISLT), whose proponents claim the US Constitution only empowers state legislatures to regulate federal elections, without checks from state constitutions, courts, or governors.
However, in the case—which stemmed from a fight over North Carolina’s congressional map—Chief Justice John Roberts, fellow conservatives Amy Coney Barrett and Brett Kavanaugh, and liberals Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson, and Sonia Sotomayor rejected ISLT. Right-wing Justices Samuel Alito, Clarence Thomas, and Neil Gorsuch dissented.
The elections clause of the US Constitution “does not vest exclusive and independent authority in state legislatures to set the rules regarding federal elections,” Roberts wrote for the majority. “When state legislatures prescribe the rules concerning federal elections, they remain subject to the ordinary exercise of state judicial review.”
“When a state legislature carries out its federal constitutional power to prescribe rules regulating federal elections, it acts both as a lawmaking body created and bound by its state constitution, and as the entity assigned particular authority by the federal Constitution,” he continued. “Both constitutions restrain the state legislature’s exercise of power.”
“Although the elections clause does not exempt state legislatures from the ordinary constraints imposed by state law, federal courts must not abandon their duty to exercise judicial review,” Roberts added. “This court has an obligation to ensure that state court interpretations of state law do not evade federal law.”
Elias Law Group partner Abha Khanna, counsel of record for the Harper plaintiffs, called the 6-3 decision “a resounding victory for free and fair elections in the United States.”
The ISLT “is a dangerous, fringe legal theory that has no place in our democracy,” Khanna said. “In its most extreme form, the independent state legislature theory could have weakened the foundation of our democracy, removing a crucial check on state legislatures and making it easier for rogue legislators to enact policies that suppress voters and subvert elections without adequate oversight from state court.”
Bob Phillips, Common Cause North Carolina’s executive director, similarly declared that “this is a historic victory for the people of North Carolina and for American democracy.”
“Today, the US Supreme Court made clear that state courts and state constitutions should serve as a critical check against abuses of power by legislators,” he said. “Now, we must ensure our state courts fulfill their duty to protect our freedoms against attacks by extremist politicians.”
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The PRD government, over which Laurentino Cortizo and “Gaby” Carrizo (ex-attorney of Minera Petaquilla) preside, has approved in the Cabinet Council an onerous contract with Minera Panama, better known as First Quantum. Now they intend to submit it to the vote of the discredited National Assembly to make it a law of the Republic of Panama. All this after a false “public consultation” in which some careless people and many agents of the ruling party’s “call centers” approved or issued opinions, which did not alter the content.
As more is known about the contract with the mining company, popular rejection grows and reaffirms Polo Ciudadano’s call to repudiate it. This contract must be rejected because:
It’s another example of how Cortizo’s government, with Nito’s dauphin Carrizo, works in favor of obscure mining interests is the recent reactivation of a contract to exploit Cerro Quema in the Tonosí area, which has been rejected for decades by the adjacent communities, whose way of life dedicated to agriculture and cattle raising would be threatened.
Polo Ciudadano, for the reasons stated above, has been reiterating the need to reject the contract with First Quantum, and the urgency for the Panamanian state to take control of the mine facilities through a decree of NATIONALIZATION, as has been done in other Latin American countries. But, so that there are no doubts about what should be done, let the Panamanian people democratically decide the future of the mine by means of a PLEBISCITE.
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El próximo 29 de junio entrará el vigor el nuevo Reglamento 2023/1115, de 31 de mayo de 2023, cuyo objetivo es impedir la comercialización en el mercado de la Unión Europea (UE) y la exportación desde la Unión de algunas materias primas y productos cuando estén asociados a la deforestación y la degradación forestal.
El reglamento parte de dos premisas. Por una parte, los beneficios ambientales, económicos y sociales que se derivan de los bosques, incluidas la preservación de la biodiversidad terrestre y la protección del sistema climático.
Por otra parte, el avance alarmante de la deforestación y la degradación forestal. Según la FAO, entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo, una superficie mayor que la UE.
Además, casi dos tercios de las 227 personas defensoras del medio ambiente asesinadas en 2020 estaban trabajando para defender los bosques del mundo frente a la deforestación y el desarrollo industrial.
La norma se aplicará para seis materias primas: ganado bovino, cacao, café, caucho, palma aceitera, soja y madera. Y también incluye un conjunto de productos derivados, entre ellos la carne de bovino, el cuero, el papel impreso, el aceite de palma, la harina de soja, el chocolate, los muebles, los neumáticos y las prendas de vestir de caucho vulcanizado.
Establece que los operadores y comerciantes, antes de introducir productos en la UE, comercializarlos o exportarlos, deben presentar una declaración de diligencia debida que certifique que estén libres de deforestación y hayan sido producidos de conformidad con la legislación del país de producción.
Para ello, tendrán que aportar información y documentos relevantes, incluida la geolocalización de todas las parcelas de terreno donde se produjeron las materias primas que contiene el producto o que se han empleado para su elaboración, así como la fecha o intervalo temporal de producción.
También deben hacer una evaluación del riesgo de que los productos no sean conformes con el reglamento, atendiendo a distintos factores, como el nivel de riesgo asignado al conjunto o a alguna parte del país de producción, la complejidad de la cadena de suministro, la presencia de pueblos indígenas en el país de producción y la existencia de reclamaciones debidamente motivadas de los pueblos indígenas.
Por último, deberán adoptar procedimientos y medidas de reducción del riesgo para conseguir que este sea nulo o despreciable.
La Comisión Europea (CE) establecerá un sistema de evaluación comparativa de países que permitirá clasificar el nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal en cada país, o región dentro de este, en los niveles de bajo, estándar o alto. Las exigencias de diligencia debida se modulan en función del nivel de riesgo.
El sistema de controles es menos exigente para los comerciantes que sean pymes.
Cada Estado miembro designará una o varias autoridades competentes como responsables del cumplimiento de las obligaciones del reglamento en su territorio, a más tardar el 30 de diciembre de 2023.
Las autoridades podrán actuar de diferentes maneras frente a posibles incumplimientos:
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, aplicables a cualquier infracción. Dichas sanciones incluirán:
Las personas físicas o jurídicas (instituciones, organizaciones o empresas) podrán presentar ante las autoridades competentes preocupaciones justificadas cuando consideren que uno o varios operadores o comerciantes están incumpliendo el reglamento.
Las autoridades competentes las evaluarán y adoptarán las medidas necesarias, con miras a detectar posibles incumplimientos.
Toda persona física o jurídica que tenga un interés, incluidas aquellas personas que hayan presentado una preocupación justificada, tendrá acceso a procedimientos administrativos o judiciales para examinar la legalidad de las decisiones, acciones u omisiones de la autoridad competente en el marco del reglamento.
Además del 29 de junio, fecha en la que entra en vigor el reglamento con carácter general, la norma prevé otros plazos en cuanto a ciertas disposiciones y, también, en relación con las microempresas o pequeñas empresas. La mayor parte de las disposiciones importantes (artículos 3 a 12, 14 a 22, 24, 29 y 30) se aplicarán doce meses después de la entrada en vigor del Reglamento.
Para el 30 de junio de 2024, la Comisión presentará una evaluación y propuesta legislativa para ampliar el ámbito de aplicación e incluir otras superficies boscosas, lo que puede ser muy relevante para biomas como las sabanas, como es el caso del Cerrado, en Brasil.
A más tardar el 30 de junio de 2025, la CE presentará otra propuesta legislativa para abarcar otros ecosistemas naturales, incluidas tierras con elevadas reservas de carbono y con un alto valor en términos de biodiversidad, como praderas, turberas y humedales.
Las citadas evaluaciones también contendrán un análisis sobre la posibilidad de modificar o ampliar la lista de productos derivados.
Esta norma europea se enmarca en un paquete de medidas que abordan distintos aspectos de los impactos de las actividades empresariales en los derechos humanos y el medio ambiente. Entre ellas cabe mencionar la Directiva 2022/2464, de 14 de diciembre de 2022, sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, la propuesta de Directiva de la UE sobre Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa, de febrero de 2022 y que cuenta con el pronunciamiento del Parlamento Europeo del pasado 1 de junio, con un conjunto importante de enmiendas, y la propuesta de Reglamento por el que se prohíben en el mercado de la Unión los productos realizados con trabajo forzoso, de septiembre de 2022.
Todas estas normas, junto con los efectos extraterritoriales de diversas leyes sobre diligencia debida adoptadas o en proceso de adopción por distintos Estados miembros, obligarán a las empresas a entrar en una dinámica de rendición de cuentas públicas sobre su grado de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente en sus operaciones en cualquier país del mundo. Y, eventualmente, a asumir responsabilidades jurídicas y ya no solamente en su reputación, por los impactos negativos de sus actividades.
Antoni Pigrau Solé, Catedrático de Derecho Internacional Público. Director del CEDAT, Universitat Rovira i Virgili
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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Odebrecht was a notorious thug company from way back. In 1992 it was revealed to be the clearinghouse for Brazilian public works contractors sharing out the graft opportunities in a bid-rigging and kickbacks scandal the led to the impeachment and ouster of then Brazilian president Fernando Affonso Collor de Mello. The company said it had cleaned up its act but by 2014 it was embroiled in a scandal about offshore oil rigs for Brazil’s Petrobras state-owned energy company. It was the same stuff – kickbacks from inflated construction contracts. By then, though, Odebrecht had become much more multinational, with Brazilian government backing to do so, and much more sophisticated and global about how they did things.
Computers and records disappeared, but witnesses say that the company’s “structured operations” – bribes and money laundering – were largely run through Panama. In Brazil this became a central part of the “Car Wash” – Lava Jato – investigation, a long-running process that was itself plagued by corruption, with bribes paid to protect certain people and on the other hand falsely accuse others in Brazil and elsewhere. The US Department of Justice issued a blistering report, politicians and governments fell in several Latin American countries, banking investigations were begun in several bank secrecy jurisdiction and in 2016 two major things happened:
1. Somebody in the Panamanian law firm Mossack Fonseca dumped a huge amount of the computer data on a German newspaper and an international team of journalists was formed to review the information, and
2. Brazilian prosecutors kept running across operations, companies and accounts involving Panama.
A big problem was that the Panamanian administration at the time and at least two previous ones were seriously compromised. The wheels of Panamanian justice were made sticky.
In 2017 Brazilian authorities shared what they knew about the Panamanian end of things with their counterparts here and an investigation began here. The probe went slowly and fitfully, with some boosts from courts in Spain and Switzerland, and most probably some quiet transfers of information from the United States. Now, more than six years later, 32 people sit in the defendants’ dock to face money laundering charges. Basically they are accused to setting up international chains of shell companies with secret numbered bank accounts to conceal bribery on a massive scale, including but not limited to payoffs to Panamanian officials.
Now this can all be said to be very irregular, slow and complicated. Motions have been and will be made on such grounds, and these could be helped by Panamanian criminal procedure’s lack of a tolling statute – the stopping of calendar counting during delays caused by the defendants for purpose of calculating the statute of limitations.
Judge Marquínez, however, has been developing a no-nonsense reputation for frivolous and dilatory defense tactics. (If you read Ricardo Martinelli’s newspapers, that of course makes her a ruthless criminal “hanging judge.”)
The New Business case, about the laundering of public works contract kickback proceeds for Martinelli to buy three newspapers, and this case come against a backdrop of Panamanian prosecutors rarely being able to win a major money laundering case. These trials are being looked at by officials of various nations to determine whether Panama is, notwithstanding promises, really serious about dealing with financial crimes. Financial sanctions against Panama may not be explicitly riding on these trials, but the ways that they are conducted and their outcomes likely will affect this country’s standing in many other important places.
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No, Rep. Greene.
We absolutely positively do not support you — or your BS articles against President Biden.
You talk about the president lawyering up. What a joke. After January 6, you begged for a pardon from Donald Trump.
You reek of desperation as Jack Smith closes in Donald Trump, and hopefully you as well.
This is why we reject your trumped up and false attacks — that have absolutely no chance of passing in the Senate:
You have presented zero, evidence of wrongdoing by President Biden.
Zilch.
Even the Republican Oversight Committee has come out repeatedly to admit you have found no evidence of wrongdoing by President Biden.
You and the rest of your extreme GOP clown show continue will manufacture conspiracies so that you can undermine the entire US government and deflect the crimes you actually committed.
I am running for Congress in the Valley. Every single day I talk to honest, hard working people on both sides of aisle who are tired of your antics. You know what they tell me they care about?
-Health care.
-Education.
-A strong economy.
-Respect for our Democracy.
You have done nothing for your district and you have done nothing America.
You are painfully useless. If you really cared about cutting government waste, you should resign to save us taxpayer money.
Delete your account and go away.
Editor’s note: Mr. Burrows is a Democrat running to unseat Speaker of the House Kevin McCarthy in the Fresno area 20th congressional distrrict of Califonia.
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